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A priori – Por Cristina Molina

   

Este martes, al parecer, fue un gran día debido a la aprobación de la Ley Canaria de Educación. Al vicepresidente y consejero de Educación le hace mella estos años de convivencia con las víboras nacionalistas y a cualquier mendrugo ya lo llama pacto o consenso. Para darse cuenta de la paupérrima magnitud del pacto social que ha supuesto, basta con fijarse en que la opinión pública desconocía que semejante ley estaba en tramitación hasta después de su aprobación. El Gobierno se jacta de haberla sacado adelante a partir de una Iniciativa Legislativa Popular, “de abajo arriba”. Lo cierto es que no es eso lo que se acordó en mayo del 2012 en relación a esta ILP. Primero, “manifestar su criterio favorable a la toma en consideración, sin perjuicio de que el contenido de la misma sea modificado”. Y segundo, “manifestar su criterio contrario a la tramitación con su contenido actual, por implicar aumento de los créditos presupuestarios”. Resulta cómico oír a José Miguel fardar de pacto político. La ley se aprobó sin consenso que es lo que ocurre cuando uno no cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición que, en este caso, fue el ganador de las elecciones y obtuvo tantos diputados como CC y seis más que el propio PSOE.

Llama la atención lo insignificante que ha sido para la sociedad canaria este “hito legislativo” en un “día emocionante e histórico” según los socialistas. Me pregunto qué boñiga de historia es esa que solo celebran unas decenas de personas en una cápsula que llaman Parlamento. De momento, a priori, solo se puede afirmar que la ley es la herramienta socialista para frenar la LOMCE. En efecto, estamos ante un hecho histórico, no por exitoso sino por desgraciado. Han condenado a Canarias a una futura sucesión de leyes pendulares en educación a conveniencia del gobierno de turno, tal y como ya ocurre con las leyes orgánicas a nivel estatal y que tanto conflicto e inestabilidad llevan consigo.
@cristination_