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Regenerar la vida pública – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Lo ha dicho Rajoy durante la semana que hoy termina: el PP está dispuesto a llegar a un pacto nacional sobre la regeneración democrática del país y la implantación de nuevas medidas anticorrupción, aunque no ha concretado plazos ni ofrecido detalles. Pese a ello, ya era hora, cabría añadir. Y a ver si esta vez va en serio, no se trata de una de tantas propuestas -para distraer al personal o desviar la atención sobre asuntos comprometidos- que luego se evaporan. Porque desde que llegó al poder, el Partido Popular ha mantenido una actitud contemplativa y en algunos casos vergonzante en cuestiones que afectan de lleno a la calidad de nuestra democracia y al combate inexcusable contra cualquier atisbo de corrupción.

En su programa electoral de 2011, el PP proponía, entre otras medidas, una Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya aprobada por el Congreso y parcialmente en vigor, pero que se quedó muy corta en sus grandes objetivos, dadas las expectativas que había despertado. También se comprometía a reforzar el ordenamiento jurídico para combatir las conductas delictivas relacionadas con la corrupción, otra propuesta de buenas intenciones que puede afirmarse que ha quedado reducida a papel mojado, sobre todo tras el escándalo Bárcenas y todo lo que éste lleva consigo en tanto se trata de un asunto surgido en las entrañas mismas de la dirigencia popular, aunque con ramificaciones en Madrid, Valencia, Baleares y otras comunidades autónomas, y que parece no tener fin.

¿Dónde han ido a parar otros objetivos tan loables como la promoción del diálogo político con todos los partidos para favorecer el entendimiento y la concordia sobre los valores constitucionales? ¿Dónde el código de buenas prácticas entre los líderes y candidatos del PP y los altos cargos gubernamentales? ¿Dónde la limitación de mandatos para los dirigentes de los partidos? ¿Dónde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para que este órgano disponga de los medios y la independencia imprescindibles para poder ejercer su labor de control? ¿Dónde la reforma de la Ley de contratos del sector público que, entre otras cosas, impida la contratación con personas y empresas condenadas por corrupción? ¿Dónde el endurecimiento de las penas relacionadas con la corrupción en el Código Penal? ¿Dónde la revitalización efectiva de la vida parlamentaria? ¿Dónde la participación de la sociedad civil en la elaboración de las disposiciones normativas legales y reglamentarias? ¿Dónde la intervención sistemática de los órganos de defensa de control y de defensa de la competencia en casos de duda o abuso de posición dominante por parte de instituciones y/o empresas?

¿Dónde ha quedado el impulso al establecimiento de mayorías parlamentarias cualificadas para la revisión o aprobación de los estatutos de autonomía y las normas básicas para el mejor funcionamiento de las instituciones? ¿Dónde el respeto al derecho de la oposición de proponer iniciativas sin la utilización arbitraria del derecho de veto o el uso y abuso del decreto-ley cuando así convenga políticamente -lo mismo que en tiempos de Zapatero- pese a su limitación constitucional? ¿Por qué siguen estancados en el Congreso de los Diputados proyectos como la Ley de financiación de los partidos políticos, la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo y la reforma del Código Penal? ¿Por qué no se va, como reclaman los ciudadanos, hacia un sistema a electoral de listas abiertas y hacia una fórmula más justa y proporcional con el número de votos obtenidos? ¿A qué se espera para dar los primeros pasos para fijar las bases mínimas hacia una reforma constitucional que todos los grupos políticos, incluido el PP, consideran necesaria?

Así podría seguir con otras cuentas preguntas para demostrar que muchas de las promesas de regeneración política expuestas en el programa electoral popular se han convertido en agua de borrajas. El anuncio de la agilización del plan anticorrupción anunciado en febrero pasado y la propuesta de debatir tras el verano la elección directa de alcaldes -o al menos su designación en una segunda vuelta si no hay mayorías absolutas, como propone una parte de la oposición- y la reducción de aforados y diputados autonómicos no pueden hacer olvidar la calma chicha, incluso la indiferencia, si no el olvido, con que el PP se ha tomado muchas de las medidas que tenía previstas antes de llegar al poder, tras las pasadas elecciones generales.

Entre ellas figura un buen número de iniciativas referido a la independencia, agilización y modernización de la justicia, para lograr la efectiva protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. Todo un rosario de buenas intenciones que sin embargo no han cuajado o, lo que es peor, impiden el verdadero ejercicio efectivo de la justicia -ahí están las tasas judiciales discriminadoras hasta decir basta-, mientras el poder político sigue impidiendo la independencia del poder judicial al tratar de controlarlo e inmiscuirse en sus asuntos de manera vergonzosa. Otro tanto ocurre con el Tribunal Constitucional, sometido, como el poder judicial, a reparto de cuotas e incluso al funcionamiento de esta institución como tercera instancia judicial.

De poco sirve reconocer, como atestiguan las encuestas de opinión pública, la desafección mayoritaria de la ciudadanía hacia la política, el pesimismo que predomina en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, y la escasa, nula a veces, credibilidad y confianza que suscitan los políticos, así como el alejamiento de éstos y de las instituciones del sentir popular, la grave ruptura de los consensos básicos de la transición y la postergación del legítimo interés públicos en asuntos vitales para la convivencia, si luego no se adoptan, con valentía y determinación, las medidas necesarias para tratar de que la eficiencia, la austeridad, la ejemplaridad y la transparencia sean la nota común de todas las actuaciones públicas.

Los partidos, que son herramienta imprescindible para la representación democrática popular, necesitan no un retoque en sus formas de actuación, sino una verdadera vuelta de calcetín, para que desaparezca la opacidad hoy imperante y funcionen de manera irreprochablemente democrática. Y que se conozca su contabilidad, su financiación y las donaciones si las hubiere. Incluso que se obligue a la celebración de elecciones primarias con carácter obligatorio -no es de recibo la designación a dedo de un candidato, y aquí lo hemos tenido incluso a la Presidencia del Gobierno- y que se exija el cumplimiento de un código ético cuya violación suponga la automática suspensión de militancia y de cargo si lo ostentare, y en casos extremos, la expulsión del partido.

La corrupción es un problema institucional ya que se ha enquistado en las vísceras mismas del sistema a base de años de permisividad, sectarismo, juego de intereses, violación sistemática de la división de poderes, perpetuación de los grupos de poder, falta de transparencia y control, excesivo predominio de la política en todos los ámbitos de la sociedad y enriquecimientos ilícitos a costa de los recursos públicos. En este capítulo estamos ya a nivel de Italia y nos acercamos cada día más a Méjico y Argentina. El sistema, falto de ejemplaridad y honradez, ha enfermado gravemente y necesita una cura de caballo, no una cirugía superficial, porque la indignación y el descontento de la ciudadanía está llegando a límites insoportables tras las políticas de acoso y derribo de los poderes políticos y económicos en materia de recortes, impuestos, desempleo y derechos.

La propia Comisión Europea pidió a España, en febrero pasado, que “tome medidas para una mayor vigilancia de la financiación de los partidos políticos para detectar irregularidades y que refuerce el régimen de sanciones, como parte de las disposiciones para combatir la corrupción en el país”, que para el 95% de los españoles es un problema “muy extendido”, según el Eurobarómetro publicado por el Ejecutivo comunitario. Otros organismos internacionales han sugerido a nuestros dirigentes políticos medidas similares tendentes a enderezar el rumbo ético-moral y político del país y a acabar con las estructuras que han permitido estimular la corrupción actual.