Los trabajadores municipales se rebelan contra el gobierno local

JOSÉ LUIS CÁMARA | Tacoronte

Los trabajadores del Ayuntamiento de Tacoronte volvieron a concentrarse ayer a las puertas del consistorio para protestar por la política de recursos humanos del alcalde, Álvaro Dávila, y su equipo de gobierno. Apoyados por los tres sindicatos con presencia en los órganos de representación (Comisiones Obreras, Intersindical Canaria y CSIF), los empleados públicos denunciaron que se está ignorando “deliberadamente” el carácter vinculante de los convenios y acuerdos colectivos y se evita toda información, negociación y participación de los representantes de los trabajadores.

“Prueba de ello es la disolución en la práctica de las comisiones de formación y de seguridad y salud laboral, pese a requerirlas en dos ocasiones”, subrayaron fuentes de los trabajadores, quienes aseguraron que la política en materia de personal “es la peor que hemos vivido hasta la fecha”.

“No se reconoce el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, y hemos tenido que acudir a la vía judicial en su defensa”, recordaron las mismas fuentes, quienes incluso manifestaron que se ha “amenazado” a algunos empleados con “expedientes disciplinarios”, en una estrategia que “entendemos que busca doblegar voluntades y arrinconar la independencia de los trabajadores públicos”.

En la orilla opuesta, desde el consistorio señalaron que el equipo de gobierno, desde el comienzo del mandato, propuso al comité de empresa la renegociación del convenio, “entre otros motivos porque fue aprobado en el último Pleno del anterior mandato con un informe negativo de la Secretaría y sin informe de la Intervención”. “A esta propuesta se ha negado siempre el comité de empresa”, denotaron las mismas fuentes, quienes declararon que es “rotundamente falso” que se hayan negado préstamos y anticipos de sueldo al personal municipal, porque “solo en lo que va de año se han dado anticipos por valor de 45.059 euros”. “También se ha propuesto a los trabajadores la renegociación del convenio, por entender que hay cláusulas que fueron negociadas en su día y no son asumibles actualmente, comenzando por las indemnizaciones por jubilación, que no se dan en ningún ayuntamiento de España. Sirva como ejemplo que el pasado año un trabajador cobró por jubilarse unos 51.500 euros, o que se tenga derecho a un premio de jubilación de 32.000 aunque se haya trabajado solo 6 meses”, insistieron desde el equipo de gobierno tacorontero, quienes reiteraron que “no se han recortado las ayudas, ya que en solo seis meses se han destinado 17.985,40 euros para prótesis dentales, prótesis auditivas, gafas y otras percepciones”.

El PP pide al TSJC que resuelva la censura

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Los concejales no adscritos y los ediles del PP en el Ayuntamiento de Tacoronte exigieron ayer al alcalde del municipio, Álvaro Dávila, que elabore un nuevo presupuesto y que no “malgaste” el remanente que posee el consistorio, que se encuentra sumido en un complejo proceso judicial tras la moción de censura del mes de noviembre.

Al respecto, la popular Teresa Barroso explicó que su formación ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a que zanje la cuestión con una resolución, para evitar que el caso acabe en el Tribunal Constitucional (TC). “Consideramos que no se puede prolongar más esta inestabilidad política, porque es un gobierno en minoría, con un presupuesto prorrogado del año pasado, que ni siquiera contempla las nuevas inversiones que se deberían hacer en el municipio”, recalcó. En una providencia dada a conocer hace unos días, el TSJC expresó “dudas” sobre la constitucionalidad del artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al “privar del derecho al ejercicio del cargo público a los concejales disidentes”.