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Volando voy, volando vengo – Por Román Rodríguez

   

Para los ciudadanos y ciudadanas de Canarias el tráfico aéreo supone lo que para los territorios continentales los ferrocarriles, las autopistas y las carreteras. Es nuestra manera habitual de comunicarnos entre las islas por razones familiares, de trabajo, estudio o vacaciones, complementada por el tráfico marítimo de personas y mercancías. A la vez que el principal cordón umbilical que nos une con el resto del mundo y que posibilita, además, la llegada de turistas en lo que es nuestra principal actividad económica. Por eso resulta inadmisible que el Gobierno de España tome decisiones de enorme calado respecto a nuestros aeropuertos, como la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), sin contar con la comunidad canaria, que se ve afectada de forma muy distinta a otras comunidades continentales.

Es preciso recordar que la mayoría de los aeropuertos canarios son muy rentables y han servido para engordar las cuentas de AENA. Están declarados de interés general y así deben continuar. Por una parte, para evitar el cierre de aquellos que no son rentables económicamente pero sí socialmente (los de La Palma, La Gomera y El Hierro). Por otra, para impedir la subida de tasas, la reducción de las conexiones, el encarecimiento de los billetes y la pérdida de inversión en infraestructuras.
Unos aeródromos que, al igual que el resto de aeropuertos españoles, no se financien a través de los presupuestos públicos. Lo hacen mediante operaciones de endeudamiento de AENA, amortizadas por los ciudadanos canarios y el resto de los usuarios de las instalaciones del Archipiélago, así como a través de fondos estructurales de la Unión Europea.

Rentables

En el pasado año 2013, AENA logró casi 600 millones de euros de beneficios y, entre los aeropuertos con mayor rentabilidad, se situaban los de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura, que se encuentran entre los de más tráfico en el ámbito estatal.
La propuesta de modificación del actual status de AENA se inscribe en la filosofía económica del neoliberalismo. Es decir, hacer que con dinero público se cubra e déficit de la mala gestión privada, como ha sucedido con la banca y, paralelamente, que las empresas privadas se adueñen de los sectores públicos que funcionan y producen beneficios. Descapitalizando, por tanto, al Estado y entregando sectores estratégicos a especuladores, como ya se ha hecho con el sector eléctrico y otros.
Tenemos varios ejemplos. Entre ellos la fracasada privatización del agua, que tantos quebradores de cabeza está produciendo a distintos ayuntamientos canarios. O el ejemplo reciente de las autopistas de peaje. Tras el fracaso de su gestión privada van a ser rescatadas por el sector público. El dinero obtenido de la venta de AENA servirá en parte para efectuar este escandaloso rescate.

Sería injusto responsabilizar en exclusiva al PP de esas políticas privatizadoras. En muchas ocasiones, el papel protagonista ha sido desarrollado por la socialdemocracia española, que llevó a cabo, varias con Felipe González al frente del Gobierno español (Repsol, Tabacalera, parte de Endesa y de Telefónica…). En la última etapa de Zapatero ya se decretó la privatización de AENA en un 60%, aunque no pudo culminar la operación, así como la de Loterías del Estado, que finalmente tampoco pudo llevarse a cabo.

Desde Nueva Canarias defendemos que, ante el proceso de privatización abierto en AENA, se aplique el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Este reconoce a la comunidad canaria la competencia de ejecución de puertos y aeropuertos cuando el Estado no se reserva su gestión directa, como sucede en el caso que nos ocupa al pasar a ser una sociedad mixta público privada. Este argumento jurídico es el que Canarias debe defender en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, para que las Islas asuman las competencias ejecutivas en la materia.

Traspaso

En ese sentido, defiendo el traspaso de los ocho aeropuertos del Archipiélago a la comunidad canaria como respuesta a la privatización del 49% de la entidad pública AENA, promovida por el Gobierno central del PP, propongo, asimismo, que su gestión se haga a través de un modelo compartido, en el que participen también cabildos, ayuntamientos, empresarios y sindicatos. Sirva como referencia el modelo de cogestión de los puertos canarios, que ha mostrado su eficacia.
Los aeropuertos son esenciales para la cohesión social, económica y territorial de Canarias. Su gestión debe estar presidida por el interés general y nunca por el negocio privado y la búsqueda del mayor margen de beneficios. Su venta es una pésima noticia para Canarias. Este nuevo capítulo de la reiterada insensibilidad y desprecio del Estado a Canarias debe obtener una respuesta lo más unitaria y contundente posible. Exigiendo la asunción de competencias en la materia pero, conociendo la cerrazón privatizadora y centralista del PP y de su Gobierno, estando preparados para una compleja batalla jurídica que, con toda probabilidad, nos llevará hasta el Tribunal Constitucional; y movilizándonos, dentro y fuera de las instituciones, para frenar esta nueva agresión al Archipiélago.

*DIPUTADO EN EL PARLAMENTO CANARIO Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS