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Canarias gastará 2,5 millones en el nuevo registro de viviendas vacías

   
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, y el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. / DA

La consejera de Vivienda, Inés Rojas, y el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. / DA

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias aprobó ayer un gasto de 2,56 millones de euros para poner en marcha durante dos años el Registro de Viviendas Deshabitadas que prevé la reformada ley en esta materia, y que obliga a registrar las las casas vacías, ya sea sean de particulares o empresas, aunque sólo se podrá sancionar al que no lo haga si el infractor es un banco o una inmobiliaria.

Este registro dependerá del Instituto Canario de la Vivienda, que sacará a concurso público la implantación, desarrollo y gestión de este servicio, por importe de 2.568.000 euros por dos años, 2015 y 2016, según el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Gobierno.

El artículo 81.2 de la Ley de Vivienda define que se considera como deshabitada la que “no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídico o por el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día efectivo de habitación”.
El objetivo del Gobierno con estas medidas es penalizar las casas vacías (se estima que hay unas 130.000 en esta situación en Canarias) para incentivar que salgan en alquiler y abaratar el mercado, favoreciendo así que se haga efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, dado que solo para las de protección oficial hay 32.000 demandantes en las Islas.

La declaración de una vivienda como deshabitada supone su inscripción en este registro, así como la notificación de este hecho al ayuntamiento correspondiente para, en su caso, aplicarle un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Resulta importante aclarar que no deberán inscribirse en este registro las viviendas destinadas a uso turístico con las debidas licencias urbanísticas y autorizaciones para tal actividad; las casas de particulares para esparcimiento o recreo, de ocupación de temporada o como segundas residencias; así como las viviendas que se destinen al alquiler como fincas urbanas por temporadas, sea de verano o para ejercer una actividad económica, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio y se ocupen al menos 30 días por año.

Será obligatorio para todo el mundo, particulares y empresas, facilitar al Instituto Canario de Vivienda -si se lo requieren- “toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes” en las indagaciones que haga este organismo público. Esta misma modificación de la Ley de Vivienda, que entró en vigor en junio pasado, es la que prevé también expropiar a la banca de forma temporal, y con el pago de un justiprecio, el uso de casas en ejecuciones hipotecarias para evitar que familias sin recursos se queden en la calle. Esta reforma legislativa sigue bajo la amenaza de ser recurrida, y su vigencia suspendida temporalmente, por el Gobierno estatal, como ya hizo ante el Tribunal Constitucional con una ley andaluza muy similar.

Precisamente por este motivo el PP se desmarcó de su aprobación en el Parlamento de Canarias, al advertir que se trataba de una normativa con visos de inconstitucionalidad.

Ya hay proyecto de ley para reducir la burocracia a las inversiones estratégicas

El Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de Ley sobre Tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, con el fin de agilizar los trámites burocráticos a los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por el Ejecutivo regional, máximo en un contexto de crisis económica. Ya desde 2013 existe el llamado Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, que preside el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, y que en su última reunión abordó el de una inversión de 150 millones de euros junto al puerto de la capital tinerfeña para 22 tanques de combustibles con que abastecer barcos, aviones y el mercado local. El proyecto de ley establece que tendrán esta atención específica los proyectos de inversión de especial relevancia para el desarrollo social y económico de las islas, conforme a cuatro criterios : su impacto sobre la economía insular o canaria, sobre todo en la creación de empleo; su relevancia en el turismo, las energías, la innovación, las nuevas tecnologías, la internacionalización de la economía canaria o el desarrollo de nuevas áreas de actividad de alto valor añadido; su capacidad para movilizar inversión privada interna o externa; así como su compatibilidad con el desarrollo sostenible del Archipiélago.