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El ébola – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

La repatriación de los dos religiosos españoles desde Liberia, uno de ellos infectado con el virus del ébola, un virus que finalmente le causó la muerte, ha puesto de manifiesto una vez más los peores aspectos y los valores -antivalores- más negativos y menos ejemplares de nuestra cultura y de nuestra vida política y partidista. En particular, de un sector de nuestra izquierda, anclado en un anticlericalismo visceral y antidemocrático. El mismo anticlericalismo que le llevó en nuestra última guerra civil a asesinar frailes, curas y obispos, violar monjas e incendiar iglesias y conventos, ante la pasividad o la colaboración activa de un Gobierno que perdió así la legitimidad democrática que, en un principio, las urnas le habían concedido. Porque ese sector de la izquierda planteó la miserable polémica, inconcebible en otro país, sobre traer o no traer de vuelta a los dos religiosos para intentar salvar sus vidas. Incluso el PSOE, que en un primer momento se había mostrado de acuerdo y no había planteado objeción alguna, se pasó en pocas horas al sector crítico, obsesionado por el fenómeno Podemos y por no ser sobrepasado a su izquierda. En definitiva, se politizó un asunto que nunca debió ser politizado; un asunto estrictamente humanitario y, sobre todo, un asunto que tenía que ver exclusivamente con el derecho de los españoles a ser protegidos y defendidos por España.

Como cualquier otro Estado digno de ese nombre, una de las obligaciones primeras y principales del Estado español es proteger y defender a sus nacionales, muy en especial si se encuentran en territorio extranjero. Precisamente, en demasiadas ocasiones se han producido quejas y reclamaciones de españoles en el extranjero por no ser protegidos y defendidos adecuadamente por nuestras Embajadas y Consulados. Pero cuando han estado en juego la vida y la libertad de españoles fuera de nuestra fronteras, ningún Gobierno español ha dudado, sin distinción de populares o socialistas. Desde pescadores raptados en Somalia hasta cooperantes y miembros de ONGs en África del norte y otros lugares, ningún Gobierno español ha dejado de actuar, como tampoco han dejado de hacerlo nunca los Estados de nuestro entorno. Y ha sido así hasta el punto de que España es el cuarto país del mundo en pago de rescates por nacionales secuestrados, aunque, naturalmente, se ha hecho con fondos reservados y se ha negado siempre, entre otras cosas, porque pagar rescates incentiva los secuestros.

Sin embargo, la condición religiosa de los dos afectados parece que les privaba de sus derechos de ciudadanos españoles. Porque primero un sector de la izquierda planteó la aludida polémica miserable sobre si repatriarlos o no; y cuando se produjo la repatriación, ese sector suscitó la cuestión más miserable todavía sobre el abono de los gastos de la repatriación. Y es preciso detenerse en esta cuestión porque la directora general de Salud Pública del ministerio de Sanidad afirmó en rueda de prensa que los gastos del traslado -no los de la atención sanitaria- serían repercutidos en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Orden de los dos religiosos trasladados; y el propio superior de la Orden aceptó a continuación, y también en rueda de prensa, ese abono. Fue solo después, al día siguiente, cuando Rajoy, en las confusas y atropelladas declaraciones que hizo en Palma de Mallorca tras su despacho veraniego con el Rey, y respondiendo a la pregunta de una periodista, manifestó que los gastos serían asumidos por su Gobierno. Añadió que no entendía por qué se había originado la noticia contraria y de dónde procedía. Y ningún periodista presente fue capaz de responderle que de la propia directora general competente en la materia. Es posible que se tratara de una muestra más de la absoluta descoordinación que preside las acciones del Ejecutivo popular, pero es más posible aún que fuera un exponente del eterno complejo de la derecha española ante cualquier crítica que provenga de su izquierda, sobre todo ante cualquier acusación de clericalismo.

El único motivo válido que hubiera impedido la repatriación hubiese sido la imposibilidad técnica de garantizar el aislamiento de los repatriados y el consiguiente peligro cierto de la introducción del virus en España. Pero, afortunadamente, a pesar de nuestra crisis, nuestra corrupción y nuestros problemas, seguimos siendo un país del primer mundo y estábamos en condiciones de asegurar esa no contaminación. Una certeza que nos lleva a las lamentables diferencias entre nuestro mundo y el tercero, entre nosotros y los países que sufren el ébola, entre nuestros medios económicos y sanitarios y los suyos. España repatrió a sus nacionales y negó el traslado a sus compañeros, de nacionalidades africanas, a pesar de que lo pidieron insistentemente. Y la trágica realidad fue que dejarlos allí significaba casi su condena a muerte. De hecho, algunos han fallecido ya. Al final, la edad y el deterioro del religioso repatriado le han vencido también, pero su única posibilidad de salvación se encontraba en España.

Estamos en condiciones de garantizar la no infección por ébola, pero, desgraciadamente, seguimos infectados por un ébola social y político que mata nuestra democracia enferma y que parece no tener vacuna.