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Faltan médicos – Por Leopoldo Fernández

   

La cifra tiene suficiente relevancia como para ser llevada a titulares. El DIARIO venía a decir el martes pasado que cada médico de familia tiene a su cargo en Canarias hasta 1.407 poseedores de tarjetas sanitarias, 207 más de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones similares.

Esa sobrecarga de trabajo revela varias cosas a la vez, y de alguna gravedad. Para empezar, una saturación o sobrecarga de trabajo en la atención primaria, lo que a su vez determina la inevitable pérdida de calidad asistencial, incluso una cierta deshumanización de la medicina porque los profesionales apenas tienen tiempo para atender a los pacientes (entre 5 y 7 minutos, según el secretario general del Sindicato Médico, cuando lo deseable serían en torno a 20). Entiendo poco de cuestiones relacionadas con la organización de la sanidad pública, pero teniendo en cuenta que los médicos de familia, o de cabecera, resuelven casi el 90% de las demandas de los usuarios del sistema -en la práctica cualquier problema de salud, ya que se trata de especialistas integrales-, la plantilla de estos profesionales nunca debería estar infradotada. Hablamos de atención primaria, de los problemas más inmediatos y comunes, tanto en su faceta preventiva como educativa y curativa. Si hay que recortar en gasto sanitario, imagino que no se hará indiscriminadamente, sino atendiendo a criterios de racionalidad, de modo que la prestación del servicio y su calidad y eficiencia se resientan lo menos posible, lo mismo que las listas de espera. En otro caso, la sanidad canaria -como la española en general- camina hacia el colapso a medio plazo y tendrá que recurrir a la actividad concertada y a la sanidad privada para paliar su ineludible deterioro. Hasta el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), ha reclamado no reformas cosméticas y coyunturales, sino estructurales, con la mayor urgencia y consenso. Como elemento más universal del Estado de Bienestar, la sanidad no necesita milagros sino una visión clara de sus necesidades y una financiación acorde con las mismas, no el habitual y ya crónico déficit anual. En Canarias la situación es más compleja que en el resto de España por la insularidad y la dispersión poblacional, lo que a su vez exige mayores dotaciones económicas y de personal. No sé si algún día el Gobierno del Estado afrontará la deuda histórica sanitaria con las Islas, cifrada en la nada despreciable cifra de 2.400 millones de euros. Sea como fuere, el Gobierno canario está obligado a adoptar medidas urgentes, incluyendo alguna actualización impositiva y la exclusión de ciertas prestaciones si no quiere que nuestra sanidad perezca entre recortes y austeridades.