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EL DARDO>

Intervencionismo – Por Leopoldo Fernández

   

En esta tierra no ganamos para sorpresas y contrariedades. Mientras el Gobierno de Canarias sigue aferrado a la cadena de equivocaciones sobre los sondeos petrolíferos e ignora la máxima gandiana de que un error no se convierte en verdad por mucha gente que crea en él, el PSOE ha adoptado una iniciativa parlamentaria disparatada, impropia de una formación seria y responsable. Según leo en este periódico, los socialistas pretenden que en la anunciada reforma de la Ley de Turismo canaria se incluya la imposición de plantillas mínimas de trabajadores en los hoteles. Al parecer, la ex directora general de Trabajo, hoy diputada, Gloria Gutiérrez, es la autora de tal iniciativa, que se me antoja incluso inconstitucional, por mucho buenismo que incorpore en su gestación. Con arreglo a nuestra Carta Magna y según las prácticas propias de la economía de mercado, la organización del trabajo y la contratación de trabajadores son atribuciones exclusivas y excluyentes del empresariado. La diputada Gutiérrez está en su derecho -incluso puede considerarlo un deber- al defender los intereses de los trabajadores y procurar para ellos las mejores condiciones laborales posibles; pero éstas suelen ser fruto del pacto entre las partes y se atienen a las normas vigentes al respecto, desde la retribución salarial mínima al tope de horas de trabajo. Lo que no puede hacer ningún gobierno democrático es tratar de dirigir la vida de las empresas privadas mediante políticas intervencionistas y limitadoras de su libertad de acción, por absurdos afanes paternalistas o por políticas de personal que tienen su propio ámbito regulatorio en los convenios colectivos y en los acuerdos libremente pactados entre empresarios y trabajadores. Por eso el capitalismo de libre empresa, justamente el que se da en nuestro propio país, es, de lejos, el que, como diría Friedman, ha permitido un mayor desarrollo de los derechos y del bienestar de los trabajadores. Cualquier pretensión tendente a favorecer a algún colectivo presuntamente mal tratado -se cita el viejo y recurrente caso de las camareras de pisos, nunca demostrado fehacientemente- tiene también su propio cauce de estudio y solución, ya sea en el ámbito empresarial, el administrativo o el judicial. Para eso no hace falta cambiar las leyes ni entrar en el delicado campo de la intromisión empresarial ilegítima. Sólo faltaba que un partido político fijara las ratios entre empleo y beneficios o determinara los umbrales de rentabilidad empresarial a partir de los cuales es preceptivo incrementar, y en determinada cuantía, las plantillas de trabajadores. La señora Gutiérrez, y con ella su partido, o se equivoca de país o se equivoca de sistema económico.