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Lo esperado – Por Leopoldo Fernández

   

Lenta pero inexorablemente, después de 13 años de espera, la polémica cuestión de las prospecciones petrolíferas cerca de la mediana de separación de las aguas marroquíes y españolas en esta zona atlántica, se va abriendo paso en la única dirección que cabía esperar desde un principio: la vía libre estatal, guste o no guste, naturalmente bajo ciertas condiciones: 14 en total, para garantizar la mejor seguridad de los trabajos y la defensa medioambiental y de la flora y fauna marinas. Ya puede el Gobierno de Canarias, y con él sus seguidores incondicionales, descalificar tal decisión, seguir alarmando a la ciudadanía con todos los males y peligros habidos y por haber -como afirmar la incompatibilidad de los sondeos con el desarrollo turístico y con la potabilización del agua marina- y entablar nuevos, inútiles y costosos recursos administrativos y judiciales en instancias nacionales o multinacionales; al final, modificando lo que sea preciso y atendiendo a los requerimientos oficiales, la salida lógica y coherente es autorizar la exploración del subsuelo marino para constatar si existen o no recursos energéticos comercialmente interesantes. Y de obtener una respuesta afirmativa, obrar en consecuencia. Es lo normal en cualquier país -sería inimaginable que cada comunidad autónoma tratara de imponer sus criterios-, sea cual fuere el grado de oposición y la naturaleza jurídica de la firma explotadora de los hidrocarburos. En el mundo de hoy existen empresas nacionalizadas, en Oriente Medio y en países de regímenes dictatoriales y populistas, y otras de propiedad privada, predominantes en el entorno occidental. Son precisamente estas últimas las que, como en este caso, más y mejor cubren los riesgos ante posibles accidentes, para atender eventuales responsabilidades.

Y también las que, aun ganando mucho dinero, aportan grandes cantidades de recursos económicos a las arcas estatales a través de impuestos, tasas y contribuciones varias. Por un porcentaje destacado de estos ingresos es por lo que deberían haber librado una gran batalla política las autoridades canarias en una bien entendida defensa de los intereses regionales -de los nacionales ya se encarga el Ejecutivo central, como es su obligación-; pero prefirieron el enfrentamiento visceral y testarudo, el empecinamiento obsesivo y torpe, con el consiguiente daño en las relaciones entre Canarias y Madrid, marcadas ya por las diferencias personales entre el ministro Soria y el presidente Rivero. Ya he dicho que en este asunto todos son culpables, incluida Repsol, por su negativa a dialogar. Pero al final gana el que tiene más poder -en este caso también más razón-, y además dispone del Boletín Oficial del Estado.