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Una más – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Lo más lamentable -y triste- de la corrupción confesada de Jordi Pujol es que no es única ni es nueva, ni en Cataluña ni en el resto de España. Sin salir de su entorno, basta recordar casos que le afectaron como el de Banca Catalana y el informe de la Agencia Tributaria sobre la financiación ilegal, al menos en 2003, de Convergència Democrática de Catalunya y su Fundación Trias Fargas, por medio del desvío de fondos de la Fundación Orfeó Catalá – Palau de la Música Catalana, presidida por el imputado Fèlix Millet. En cuanto a Banca Catalana, creada por Jordi Pujol y su padre, desde su nacimiento en 1959 perdió casi 20 veces su capital debido a su mala gestión. La entidad acabó quebrando en 1982, y dos años después la Fiscalía acusó a Pujol de ocultar una caja B y de repartir más de 500 millones de pesetas de unos beneficios inexistentes. El caso fue archivado, y el entonces presidente de la Generalitat afirmó que todo había sido un ataque a Cataluña.
Como decimos, la corrupción del antiguo presidente no es única ni es nueva. En los tribunales de este país se dirimen en la actualidad unos mil trescientos casos relacionados de una u otra manera con la corrupción política, la mayoría de ellos ignorados por los medios de comunicación y, en consecuencia, por la opinión pública. Se trata de casos sin la repercusión mediática de los que afectan a Urdangarin y la Infanta, los ERE andaluces, Bárcenas o los presuntos sobresueldos del Partido Popular, pero muy representativos de una corrupción generalizada y crónica que se ha instalado en la vida política española, y que, al parecer, ha venido para quedarse.

La corrupción ha sido confesada por el antiguo presidente catalán solo cuando el Gobierno ha decidido que la Agencia Tributaria hiciera públicas sus evidencias, una decisión que ha coincidido, ¡oh casualidad!, con la reunión de Rajoy y Artur Mas sobre la inconstitucional consulta catalana que pretende convocar el sucesor -y hombre de confianza- de Pujol. Porque la corrupción política -y social- española está ligada a la financiación ilegal que practican todos los partidos y a las relaciones inconfesables de los partidos con la banca y con el mundo empresarial. Todos los partidos políticos españoles son culpables de esta situación, y si los partidos españoles quisieran, la corrupción política española se acabaría de un día para otro. Pero, por supuesto que no quieren. Aprovechando la deficiente legislación española, todos los partidos utilizan la corrupción para financiarse de manera ilegal. Y todos saben que los responsables de esa financiación ilegal del partido desvían parte de los fondos en su beneficio, además de dejarse comprar de muy variadas y sutiles formas.

Si se monta una trama de financiación ilegal de un partido, parece inevitable que un porcentaje de esa financiación se derive a las manos privadas de quienes crean y gestionan la trama. Es una situación generalizada y consentida, que no suele trascender. El problema surge -la corrupción se hace pública- cuando un partido se confía y deja demasiadas pistas, o cuando el partido rival se siente a cubierto, encuentra un resquicio y lanza a su gente a la caza del contrario.

Esa es la razón de que en España la mayoría de los escándalos de corrupción estallen como consecuencia de la lucha entre partidos e, incluso, de enfrentamientos internos de una misma fuerza política. En otros términos, si no existieran esos enfrentamientos y cada uno de los bandos en conflicto no contara con medios de comunicación afines, es de temer que los ciudadanos no estaríamos tan al tanto de tramas y corrupciones. Una democracia no está exenta de la corrupción política, pero, a diferencia de lo que ocurre en una dictadura, en una democracia existen instrumentos para descubrir y perseguir si no a toda, al menos a una porción de ella. El caso español es tan preocupante porque la corrupción es tan grande y tan generalizada que está afectando a la propia democracia. Y una democracia corrupta no es ni siquiera una democracia.

Todos los presidentes de Gobierno españoles, socialistas y populares, y sus respectivos partidos, han interpretado que conseguir el Gobierno significa apoderarse del Estado y de todas sus instituciones. El resultado ha sido una justicia poco fiable, politizada y sectaria, de jueces que hacen carrera no por méritos profesionales, sino por fidelidades partidistas; unas instituciones igual de poco fiables, politizadas y sectarias, desde el Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, en las que sus miembros tampoco son elegidos por méritos profesionales, sino por fidelidades partidistas con arreglo al sistema de cuotas. Y, en resumen, un Estado corrupto, reflejo de una sociedad asimismo corrupta, en donde los partidos se financian ilegalmente y los principios constitucionales de mérito y capacidad han sido sustituidos por el amiguismo, el tráfico de influencias y el partidismo más extremo. El intenso desprestigio de la clase política y de la justicia españolas no es gratuito.

Por desgracia, la corrupción confesada de Jordi Pujol no es única ni es nueva. Y da exactamente igual que renuncie a sus privilegios o no, que comparezca en el Parlamento catalán o no. Será una corrupción más, ni la primera ni la última en este país corrupto.