El permiso definitivo a Repsol se encamina también a los tribunales

EUROPA PRESS VICENTE PÉREZ | Madrid / Santa Cruz de Tenerife

La autorización definitiva a Repsol para buscar petróleo o gas en alta mar frente a Canarias también se encamina ya a los tribunales. Ayer, tras la noticia de esta resolución final del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno canario y las grandes organizaciones ecologistas anunciaron que interpondrán un recurso de alzada, ante este organismo público.

Caso de ser desestimado, como es previsible, interpondrán un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional, que incluirá la petición de la suspensión cautelar de las prospecciones, cuyo inicio se prevé para octubre. Y es que para estas instituciones el expediente está “plagado de irregularidades”, pese a que el Tribunal Supremo ya ha avalado el decreto que da cobertura a estos sondeos, con tres magistrados a favor y dos en contra.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por el que se concede el permiso de exploración para tres sondeos al consorcio de Repsol Investigaciones Petrolíferas, Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente.
Los pinchazos previstos se llaman Sandía, Chirimoya y Zanahoria, y el más cercano estará a 50 kilómetros de la costa. El primero se hará bajo una lámina de agua de 870 metros y a una profundidad total de 3,1 kilómetros, así como a 55,5 kilómetros de las Islas. El segundo, a 1,1 kilómetros bajo el mar, alcanzará una profundidad de 3 kilómetros y estará a 50 kilómetros de costa, mientras que el tercero, a 55 kilómetros del litoral, se efectuará bajo una lámina de agua de 1,02 kilómetros y llegará a profundidades totales de 6,9 kilómetros.
La resolución de Industria contempla catorce condiciones, entre las que figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros. Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos exploratorios.

El Gobierno canario, a través de su comisionado y coordinador de la estrategia contra estas prospecciones, tachó de “cínico” al ministro José Manuel Soria por afirmar que el Ministerio ha estudiado todas las alegaciones. “No creo que se hayan estudiado ni una línea, si se lo hubiesen hecho lo lógico habría sido retrotraer al periodo de información pública”, apostilló.En cuanto a la autorización en agosto, consideró que se hace “con alevosía”.

Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Mario San Ginés, Soria defiende este asunto “intereses exclusivos” y “ha despreciado literalmente” todas las alegaciones. Su homólogo de Fuerteventura, Mario Cabrera, criticó que el permiso se dé en agosto, pues “todo el procedimiento es un paripé, una agenda predefinida y perfectamente calculada”.
La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura (AEHTF), por boca de su presidente, Antonio Vicente Hormiga, se mostró “muy preocupada” por la autorización definitiva a Repsol, y apuntó que “habrá que ver cómo repercute el inicio de las exploraciones en el turismo, ligado en Fuerteventura y Lanzarote, a la sostenibilidad ambiental, la naturaleza y la vida en el mar como principales reclamos”. Asimismo, calificó de “vergüenza” cómo gestiona este asunto del Gobierno central “sin escuchar a la sociedad canaria, ni a sus representantes públicos, ni al sector empresarial”, y acusó a Soria de “engañar con falsas promesas de puestos de trabajo y beneficios económicos que nunca llegarán”. Hormiga confía en que “a pesar de todo, esta locura pueda pararse a tiempo”.
La noticia, no por esperada, dejó de indignar ayer a los grandes grupos ecologistas. Amigos de la Tierra, WWF España, Greenpeace, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción coincidieron en condenar el “sinsentido” de la decisión del Ministerio. Por ello, estas ONG anunciaron en un comunicado conjunto que “recurrirán” esta decisión “irregular” y “opuesta al interés general” ante los tribunales españoles y europeos y criticaron la “falta de información y trabas burocráticas” en la tramitación del expediente. Según la responsable de Cambio Climático de WWF España, Mar Asunción, el anuncio constituye un “despropósito desde el punto de vista económico, social y ambiental” con el que el Gobierno pone “en grave riesgo” al Archipiélago canario.
En esa línea, la directora de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, subrayó que el Gobierno central va “marcha atrás” con esta decisión y hace “oídos sordos” a los intereses de los ciudadanos canarios que presentaron unas 200.000 firmas a Repsol para oponerse a los sondeos.

Por su parte, la responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Marina Bevacqua, negó que haya una manera “verdaderamente segura” de hacer prospecciones en aguas profundas. “La realidad es que Repsol no tiene infraestructura para detener los daños impagables de un vertido. Estamos hablando de una compañía con denuncias por vertidos como el de Tarragona y, como tal, no se le debería confiar el manejo de un entorno tan frágil como el canario”, denunció.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Canarias, José de León, reivindicó el potencial de Canarias para convertirse en “paradigma internacional” de las energías renovables. Desde Nueva Canarias (NC), su diputado y presidente, Román Rodríguez, advirtió del “insultante doble rasero del PP para Baleares y Canarias sobre las prospecciones”, pues mientras el PP en esas regiones “ se opone a las prospecciones al considerarlas peligrosas medioambientalmente y dañinas para el sector turístico, en Canarias son ardientes defensores” de esos planes.
Podemos Tenerife manifestó ayer también su “rechazo frontal” a todo este proceso que supone una agresión a la naturaleza, economía y ciudadanía de las islas”. Este nuevo partido defiende la protección internacional que ya da a las aguas canarias la Organización Marítima Internacional y un modelo basado en energías limpias y renovables. En esta línea, Podemos recordó que es una de las cinco fuerzas políticas que trabajan en el Parlamento Europeo para la suspensión de las prospecciones en el Mediterráneo y Canarias.