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Restringen los requisitos para lograr el informe de accesibilidad

   
Los discapacitados denuncian muchas trabas en la accesibilidad. | DA

Los discapacitados denuncian muchas trabas en la accesibilidad. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias negó ayer que se hayan concedido los certificados de accesibilidad a algunas entidades e instituciones por silencio administrativo y sin revisar las instalaciones, como denunciaron en este periódico desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Al respecto, la propia directora general de Políticas Sociales, Ángeles Fernández, señaló que su departamento ha restringido las condiciones y requisitos que se exigen a las entidades que solicitan el referido Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). “Hemos creado una oficina técnica, que tiene representación en ambas provincias, que cuenta con dos arquitectos que revisan todos los locales de entidades e instituciones, así como aquellos centros de formación, bares, etc”, destacó Ángeles Fernández, quien reiteró que la ficha técnica que deben presentar las instituciones que solicitan el SIA es “mucho más restrictiva”, e incluye “las aportaciones que nos han hecho llegar las organizaciones y entidades de discapacidad que forman parte del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de Canarias. Dicho órgano -en el que participan la Fecam, la Fecai y el Diputado del Común-, recordó, “no tiene potestad para aprobar, solo para proponer”, aunque las propuestas que hace se realizan “en base a unos informes técnicos favorables, y los siete últimos que se llevaron a la reunión de julio eran positivos”.

La directora general de Políticas Sociales insistió en que en el nuevo reglamento, que se aprobó el pasado mes de enero, “es mucho más operativo y evita, merced a la creación del propio consejo, la dilatación de la aprobación y concesión de esos símbolos de accesibilidad”. La nueva orden elaborada por la Consejería de Políticas Sociales modifica la anterior hasta ahora vigente, de 1998, y regula el otorgamiento y utilización del Símbolo Internacional de Accesibilidad, que es el indicador de la inexistencia de barreras físicas y de comunicación. “Se otorga a los espacios que se adapten a los requerimientos exigidos por ley y determina su ubicación, en relación a un establecimiento, centro, servicio o espacio público acreditado por reunir las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad”, aseveró la directora general.

El nuevo texto precisa que se consideran espacios accesibles “aquellos cuyas condiciones hagan factible su utilización de un modo autónomo por parte de cualquier persona, con independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades que afecten a su accesibilidad a dichos espacios y según recogen la normativa estatal”. También contempla que en los espacios edificatorios de concurrencia o de uso público en los que se impartan cursos de formación, se deberá disponer de una dotación mínima del 10% en el mobiliario, equipamiento e instalaciones adaptadas para cualquier tipo de discapacidad.