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Solo dos empresas optan a prestar el servicio municipal de grúas en la capital

   
La retirada de vehículos lleva dos años sin concesionario oficial. | DA

La retirada de vehículos lleva dos años sin concesionario oficial. | DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Han pasado más de dos años desde que Desguaces Tenerife abandonara la prestación del servicio de grúa municipal de Santa Cruz tras la finalización del contrato que venía desempeñando desde hacía una década. En aquel momento, 21 trabajadores quedaron sin empleo y Grúas Cuchi se hizo cargo de manera temporal de la retirada de vehículos de las calles de la capital hasta hoy. En medio, se convocó un nuevo concurso que se le adjudicó a la empresa Ferroser que, cuando conoció la obligación de incorporar a los trabajadores de la anterior concesionaria que habían denunciado al Consistorio, renunció a la ejecución del contrato. Otro año más tardó el Ayuntamiento en convocar un nuevo concurso al que se han presentado dos empresas. La semana pasada se celebró la primera mesa de contratación en la que se abrieron los sobres con las empresas participantes y será, previsiblemente, después del verano, cuando tenga lugar la siguiente mesa para conocer la oferta económica realizada por estas dos empresas.

Una de ellas es Grúas Cuchi, que en la actualidad presta el servicio gracias a los contratos prorrogados y en los que, según los datos aportados por el propio Consistorio, ya se ha gastado cuatro veces más que el monto total de la concesión a diez años.
Así, estas prórrogas le han costado al Ayuntamiento de Santa Cruz más de dos millones de euros, cifra que, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Alberto Díaz Estébanez en el pleno en el que se autorizó el pago, correspondía en su mayoría a facturas de 2013 que no fueron presentadas en tiempo y forma. El pliego de condiciones que rige el actual concurso para adjudicar este servicio, establece el coste anual del mismo en 555.000 euros. En cuanto a los 21 trabajadores que denunciaron al Ayuntamiento, éstos han ido ganando los juicios en los que pedían la incorporación al Consistorio como personal subrogado.

Recursos
Unos despidos que, como detalló la concejal de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, en la última comisión de control, han sido declarados todos como improcedentes en primera instancia sin readmisión, excepto en el caso de un trabajador, representante sindical al que la ley le confiere el derecho de optar y eligió readmisión en el Ayuntamiento. Según detalló Alberto entonces, actualmente se ha presentado Recurso de Suplicación, pendiente ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para evitar la reincorporación del empleado.

Al resto, y según fuentes de los propios trabajadores, el Ayuntamiento tendría que pagar el despido improcedente, lo que supondría para el Consistorio el desembolso de cerca de medio millón de euros por los 20 trabajadores, sentencias también recurridas por el Ayuntamiento.