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Terrazas bajo vigilancia – Por Leopoldo Fernández

   

Entre unas cosas y otras, algunas terrazas de la capital santacrucera se han convertido en blanco de la persecución policial y próximamente van a tener que apechar con una nueva contrariedad: la prematura recogida de parasoles, sillas y mesas de las terrazas de bares, cafeterías, restaurantes y negocios similares que ocupan la vía pública, según contempla la nueva ordenanza municipal sobre Paisaje Urbano, ya aprobada y de próxima entrada en vigor. Hace un par de años, tres como mucho, en la capital apenas había terrazas, salvo en tres o cuatro puntos considerados tradicionales. La prohibición de fumar en espacios cerrados trajo consigo la fiebre de abrir nuevas posibilidades a los amantes del tabaco. A partir de ahí, y con el apego a modas y prácticas que en seguida arraigaron entre nosotros, las terrazas han proliferado como hongos y en muy buena medida han contribuido a revitalizar la ciudad y a dinamizar la vida social, además de generar actividad económica y empleo y aportar unos buenos dineros a las arcas municipales. Cuando durante todo el año contamos con un clima envidiable que invita a pasear y realizar actividades en la calle, lo normal sería que el ayuntamiento facilitara las cosas a los ciudadanos, propiciando la vida al aire libre y la proliferación de negocios que satisfagan necesidades y aficiones, dentro del mejor espíritu de fomento del ocio y la sana diversión.

No es buena cosa que la corporación municipal se dedique a perseguir, sin respeto ni consideración, a algunos establecimientos por unos minutos de retraso en la retirada del mobiliario de la calle, más aún cuando la norma que se invoca ni siquiera ha entrado en vigor. Bien está que se vigile el cumplimiento de la legalidad sobre ruidos y molestias a los vecinos de las terrazas, e incluso que se actúe con la máxima severidad en esos asuntos y en los que conciernen a la higiene y el buen cuidado de los baños. Pero sería conveniente una cierta flexibilización horaria -mucho más que la posibilidad de imponer multas entre 60 y 3.000 euros- teniendo en cuenta que muchos establecimientos obtuvieron la correspondiente licencia municipal en unas condiciones que ahora se les modifican unilateralmente, con la consiguiente pérdida de clientela e ingresos, al reducirse sensiblemente el programa de apertura y cierre. Además de una discutible homogeneización horaria en todo el municipio, estos establecimientos deberán adaptarse en el plazo de un año a nuevos criterios estéticos y de seguridad en colores y materiales, según la ordenanza municipal. Otra medida absurda y banal que puede perjudicar a todos a poco que el ayuntamiento se empeñe en aplicar rigideces y severidades impropias de una sociedad abierta.