No me gusta hacer leña del árbol caÃdo; menos aún de un personaje público como Miguel Zerolo -persona por la que siempre he sentido respeto y estima-, a quien conozco desde 1979 cuando, con apenas 19 años, ya velaba sus primeras armas polÃticas como concejal de la mano de Manuel Hermoso. Para él ha tenido que constituir una fortÃsima adversidad el ser condenado por el Tribunal Supremo. No tanto porque sucede en los estertores de su vida polÃtica, a la que ha dedicado -y de la que ha vivido- 35 años, sino por lo que supone de reconocimiento: la comisión de una acción punible en Derecho.
Tras 16 años en la alcaldÃa de Santa Cruz, 8 de diputado regional, 5 como consejero autonómico de Turismo, un trienio de consejero insular y vicepresidente del cabildo tinerfeño y otros 3 años de silente senador del Reino, el Supremo lo ha juzgado en virtud de su fuero especial, al que debió renunciar tras declarar reiteradamente que no buscaba ningún privilegio judicial. Y lo ha sentenciado a no poder ocupar cargos públicos que impliquen gestión durante un periodo de 8 años por haber cometido un delito de prevaricación administrativa en el caso GarcÃa Cabrera. Éste consistió en adjudicar en 2003, sin garantÃa de legalidad, una obra, que al final costó siete millones de euros, en un edificio municipal, a sabiendas -ahà está el quid de la cuestión, según la sentencia- de que con ello cometÃa una ilegalidad (el catedrático Guillermo Núñez, entonces primer teniente de alcalde, también ha sido inhabilitado 8 años como colaborador necesario en la concesión de tal obra). Aunque no haya por medio dinero ni beneficio personal, se trata de una reprobable forma de corrupción que -en un gesto consecuente que le honra- lleva a Zerolo, según propia confesión, a dimitir como senador por la comunidad autónoma -una respetable representación que nunca debió aprobar el Parlamento canario, como escribà en su dÃa- y a abandonar el partido en el que milita, Coalición Canaria, sucesora de ATI y, en parte, también de UCD, formaciones polÃticas a las que perteneció el ahora condenado. Para mÃ, Miguel Zerolo ha sido el mejor consejero regional de Turismo -fueron memorables sus iniciativas propagandÃsticas en la Plaza Roja de Moscú, en la muralla China, en los viajes a Canarias con recién casados y en el frustrado monumento a la paz en Lanzarote con misiles balÃsticos desmontados de EE.UU. y la antigua URSS-, pero un regular alcalde durante los dos últimos mandatos, salpicados por contrataciones polémicas y actuaciones discutibles, como el PGO y los casos Las Teresitas y Fórum Filatélico. Por estos dos ha sido imputado y acusado de graves delitos pendientes de juicio. Pase lo que pase, un infausto borrón que mancha su aceptable hoja de servicios.