Berriel pide “responsabilidades” por los vertidos de los buques y lamenta que se “trivialice” la Ley de Aguas

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha afirmado este miércoles que las competencias de control de los buques que surcan el archipiélago en alta mar son del Estado, y espera que se “persigan” los vertidos de los barcos -como en Gran Canaria este verano- y se investigue para pedir “responsabilidades”.

En una comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista, ha dicho que hay un plan de contingencia de 2006 adaptado en 2012 a un Real Decreto nacional, si bien ha aclarado que son documentos que se utilizarían “cuando el desastre ya se ha producido”.

Al ser Canarias Zona Marítima Especialmente Sensible, se limita el derecho de navegación, y el archipiélago “es una de las pocas que hay en el mundo”, ha señalado, al tiempo que ha advertido del elevado riesgo que tienen las prospecciones, porque un derrame puede durar hasta 30 días.

Berriel ha lamentado que se “trivialice” la Ley de Aguas de 2010 ya que fija las “aguas canarias”, y ha subrayado que, “como mínimo”, cuando se autoricen unas prospecciones dentro del perímetro de las aguas territoriales, se cumpla esta ley. “No se puede obviar, como ha hecho el Estado. Que baje Dios y lo vea”, ha indicado.

La diputada del Grupo Nacionalista, María del Mar Julios, ha dicho que varias playas se han cerrado este verano en Gran Canaria por vertidos de los barcos que surcan las islas, y ha criticado que se produzcan estos incidentes pese a que en 2005 haya sido designada Zona Marítima Especialmente Sensible.

Ha dicho que “no eran manchitas de aceite”, por lo que ha pedido “responsabilidades” al Estado para que asuma las “consecuencias” de los vertidos, y ha criticado que el mar “sea nuestro” y las competencias para “ensuciarlo”, de las autoridades españolas. “¿Qué ocurriría con los vertidos de las prospecciones?”, se ha preguntado.

PROSPECCIONES

Julios ha dudado de que haya un plan de contigencia si hay un derrame de petróleo vinculado a las prospecciones, y ha incidido en que, según Fomento, se debería prohibir la navegación de buques peligrosos cerca de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y la Palma por sus valores medioambientales. “¿Cómo las someten a las prospecciones?”, ha indicado.

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, ha dicho que Canarias tiene un “riesgo potencial” por la navegación de los buques, y ha calificado de “fiasco” la Ley de Aguas porque las competencias residen en el Estado, de ahí que espera que esta situación se corrija en una futura reforma del Estatuto de Autonomía.

Por el Grupo Socialista, Julio Cruz ha incidido en que las competencias son del Estado, si bien cree que la declaración de Zona Marítima Especialmente Sensible ha aumentado la “información” y los mecanismos jurídicos para lograr un mayor control.

En su opinión, el Estado es el “responsable” de saber quién vierte al mar, si bien ha dicho que el Ejecutivo tiene competencias cuando la contaminación llega a la costa, aunque se “nos ata de pies y manos” al no aprobarse el plan de contingencia.

Fernando Figuereo, del Grupo Popular, ha negado que haya “manchas de petróleo” en las playas de Gran Canaria, ya que han sido de “gasoil”, y ha remarcado que si el Estado es “competente” para controlar el tráfico marítimo, también lo es para impulsar las prospecciones.