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El fiasco del verso suelto – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

En los asuntos relacionados con la Justicia y las instituciones, como la reciente abdicación de don Juan Carlos y su aforamiento, el Gobierno y el Partido Popular se muestran erráticos y desconcertados, al compás de los acontecimientos del día al día y de los ataques de la oposición y los movimientos ciudadanos. Y es muy probable que una cuota de culpa por esta situación se pueda atribuir al hasta ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, especialista en suscitar problemas con un alto coste electoral y de desgaste, perfectamente evitables, como las tasas judiciales o el aborto. En este sentido, es uno de los peores ministros de Justicia que hemos sufrido en la democracia, y eso que hay mucha competencia para el puesto.

Ninguno de los asuntos que ha abordado Ruiz-Gallardón y nos ha vendido a los ciudadanos se ha materializado en algo concreto, salvo su abusivo aumento de las tasas judiciales. Prometió despolitizar la Justicia y reformar el Consejo General del Poder Judicial, hoy en día rehén de los partidos y la política. Propuso la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad para delitos especialmente graves. Acometió una reforma del Código Penal, que lleva dos años paralizada, el último en sede parlamentaria. Y se embarcó en la elaboración de una nueva ley del aborto, que desde el principio fue cuestionada por sectores significativos de su propio partido y le proporcionó a la oposición -y a la izquierda, en general- un excelente instrumento para atacarlo y atacar al Gobierno. Al menos, antes de irse ha dejado ultimado el recurso gubernamental ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de la consulta del 9-N según la Ley catalana de Consultas, que se anunciaba para ayer sábado.

Sin embargo, a pesar de todo ello, es preciso añadir que la culpa de su fracaso no es exclusiva del personaje, y que sus propios compañeros, empezando por Mariano Rajoy, le abandonaron en la estacada o le combatieron con saña. Desde hace unos dos años, sus relaciones con el presidente son más que malas, y muchos populares relevantes lo criticaban abiertamente. Se le notaba demasiado que no se conformaba con un ministerio y quería llegar a La Moncloa, una ambición que con mucha probabilidad motivó que Aznar le obligara en 2003 a ceder la presidencia de Madrid a Esperanza Aguirre y lo relegara a la alcaldía de la capital.

No olvidemos que el propio Ruiz-Gallardón tenía a gala autocalificarse de verso suelto dentro de su partido. Un verso suelto que se ha caído del poema porque su carencia de rima chirriaba demasiado. Como el propio interesado destacó en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, la nueva ley del aborto fue un encargo del presidente, en cumplimiento -por una vez- del programa electoral del partido. Recordemos que los populares en la oposición se opusieron frontalmente a la ley del aborto de Zapatero, la llamada Ley Aído, por la ministra que la impulsó, e interpusieron en 1910 un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La sentencia está ya ultimada, siendo ponente Andrés Ollero, pero el Gobierno la estaba retrasando para dar tiempo a la aprobación de la nueva ley, aunque lo lógico y procedente hubiese sido todo lo contrario. Sorprende que una ley a la que tanto combatieron siga en vigor tres años después de llegar al Gobierno, mientras una de las primeras cosas que hizo Zapatero al alcanzar el poder fue la Ley Aído, que ni siquiera estaba en su programa electoral.

La decisión de no seguir adelante con la ley del aborto ha sido una decisión electoralista. Como decíamos, ya era cuestionada por sectores significativos del partido. Pero lo determinante han sido las encuestas que indican la oposición a la ley de hasta un setenta por ciento de los votantes populares, lo que parecen cifras exageradas. Es evidente que su retirada les hará perder votos entre los antiabortistas, aunque, según sus cálculos, no tanto como les hubiera supuesto seguir adelante con ella. Al final, el asesor áulico de Rajoy, Pedro Arriola, que cada vez acumula más poder en la sombra, le convenció para que la retirara.

Ahora bien, las formas de la retirada han sido lesivas para la imagen popular y han constituido un fiasco absoluto. La dimisión no solo del ministerio, sino también del escaño de diputado y de su cargo directivo en el partido presenta todo el aspecto de ser una rabieta, que el ex ministro quería escenificar en el Congreso de los Diputados, con el Rey en Nueva York y el presidente en China. Para evitarlo, Rajoy se adelantó y anunció la retirada de la ley no en el Congreso, sino en unas declaraciones ante un grupo de periodistas, lo que obligó al desautorizado Ruiz-Gallardón a convocar una rueda de prensa para anunciar su cadena de dimisiones.

En cualquier caso, una imagen de grave fractura en el Gobierno y el partido. Y una falta de respeto del presidente al Parlamento y a su grupo parlamentario, que hace poco había votado en contra de una iniciativa de la oposición contraria a la ley que se retira.

Pedro Sánchez se ha apresurado a señalar la incoherencia que supone no retirar el recurso de inconstitucionalidad. Y a reivindicar la dimisión del ministro y la retirada de la ley como un triunfo socialista y de toda la oposición. Tiene razón.