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Gallardón – Por Leopoldo Fernández

   

Eterna promesa, sucesor natural, cabeza bien amueblada, gestor caprichoso, la moderación misma, verso suelto, derrochador empedernido, el dirigente más progresista del PP… Se han dicho tantas cosas de Alberto Ruiz- Gallardón que resulta difícil desencasillarle, más aún tras su impecable dimisión y el anuncio de su retirada de la vida política a los 55 años. No es fácil en los tiempos que corren ver a los políticos renunciar al poder y marcharse voluntariamente a su casa. Gallardón ha pagado las culpas por la enésima promesa electoral incumplida del PP, la reforma de la Ley del Aborto, un asunto controvertido porque afecta a problemas de conciencia y a su alrededor se vienen blandiendo banderas de agitación social junto a posturas ultramontanas y también de un progresismo mal entendido. ¿Cómo puede el poder mantener una actitud neutral, ante el drama del aborto y/o la libertad que se otorga a las muchachas menores de edad? Ninguna Constitución proclama el derecho al aborto que tanto reclama el feminismo radical; por el contrario, los tratados y pactos sobre derechos humanos recogen el derecho a la vida, incluida la de los no nacidos. De ahí que los gobiernos hilen muy fino en la legislación sobre el aborto y que en cuestión tan delicada sea preciso conjugar libertades y derechos junto al interés general. El aborto no debería contemplarse aisladamente, sino dentro de la política de protección a la maternidad y la familia, que en España se halla muy desasistida en comparación con los países de nuestro entorno. Con el gravísimo problema demográfico que padecemos por falta de nacimientos, es incomprensible que no se adopten medidas incentivadoras de la natalidad. Ahí han fallado todos los gobiernos desde el regreso a la democracia. Pero volviendo a Gallardón -ex alcalde y ex presidente de la comunidad de Madrid-, se ha equivocado reiteradamente al gestionar para la cuestión del aborto un consenso que exigía más cintura, incluso saber esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la vigente ley, aprobada sin consenso por el anterior Ejecutivo. También se equivocó, y clamorosamente, en la espectacular e injusta subida de las tasas judiciales,asimismo recurrida al Constitucional, que anula en la práctica la justicia gratuita. Y erró igualmente en la renovación, muy politizada -en contra del programa de su partido- del Consejo General del Poder Judicial y en la gestión del día a día de los asuntos del día a día de su ministerio. Se va con dignidad, aunque desautorizado por Rajoy y con la carga de sus propios yerros, no por presiones externas. Pero lo hace en un momento muy inoportuno y delicado, por el peso específico de su ministerio en la parte que atañe al desafío soberanista catalán.