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Impuesto a la lectura – Por Saray Encinoso

   

Sus estanterías siempre están llenas de títulos, algunos nuevos, pero la mayoría con muchos años de vida. Las bibliotecas públicas están acostumbradas a sobrevivir con presupuestos limitados y con la certeza de que adquirir novedades es un privilegio. Sus encargados se han convertido en habilidosos gestores capaces de nutrir de autores diversos y estimulantes los estantes de los que saldrán los libros de sus lectores. También eligen con esmero a qué revista suscribirse y cómo mantener dignamente la videoteca, una obligación en estos tiempos de socialización tecnológica. Esta tarea -ya ardua en un país poco acostumbrado a valorar la cultura- será más complicada a partir de ahora. El Gobierno está a punto de adaptar una directiva europea a través de la cual establecerá un canon que obligará a las bibliotecas a pagar en concepto de derechos de autor por cada libro que presten. No estará incluido el uso de ejemplares dentro de la propia biblioteca, es decir, no habrá gravamen por leer sentado en un sillón del TEA, por ejemplo. Además, también quedarán exentas las bibliotecas de los municipios de menos de 25.000 habitantes. En definitiva, será legal pagar por prestar en las bibliotecas públicas. Pero, ¿quién hará el desembolso?

El Gobierno se ha apresurado a insistir en que será la propia biblioteca la que se haga cargo de la tasa, que los lectores seguirán haciendo uso de su carné igual que siempre y que solo tendrán que preocuparse de devolver a tiempo el libro o la serie que han tomado prestada. La realidad, sin embargo, suele ser más compleja de lo que nos intentan hacer creer. En tiempos en los que todavía hay que recordar que la cultura es un bien común, pero también una industria, y que el todo gratis boicotea su futuro y el nuestro como sociedad, también es necesario decir que este impuesto es injusto. Hará que las bibliotecas cuenten con menos recursos para renovar y actualizar sus fondos, y esas restricciones, en un país con poco hábito de biblioteca, las sufrirán especialmente los que menos tienen. Ojalá medidas así movilizaran tanto a la opinión pública como la exigencia ridícula de que tenemos derecho a descargarnos gratuitamente todos los libros, películas y series del mundo solo porque somos seres pensantes y hemos nacido con ese derecho. El derecho con el que sí nacemos todos, con independencia de nuestro origen y clase social, es el de tener acceso a la cultura. Y esta ley pone una traba más para que eso no sea así.

@sarayencinoso