Un jurado popular decidirá si Luis Miguel Rodríguez prevaricó
El edil del PP, a su salida del juzgado portuense en abril de 2013. / M.P.P.
GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz
Un tribunal del jurado, constituido por nueve ciudadanos sin conocimientos jurídicos, será el que finalmente juzgue si los 9.634 euros que gastó en 2011 el concejal de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez (PP), con su móvil corporativo es considerado o no delito.
Así consta en el auto judicial de fecha 21 de agosto de 2014 al que tuvo acceso a este periódico luego de que el Juzgado de Instrucción Número 2 del Puerto de la Cruz acordara la transformación de las diligencias que se siguen por el presunto delito de malversación de caudales públicos pasando a tramitarse como procedimiento ante el Tribunal del Jurado, tal y como marca el procedimiento.
Previamente al juicio, el 14 de octubre, el concejal deberá comparecer ante la Justicia junto con su abogado y la acusación particular para aportar y definir pruebas y concretar la imputación, adelantó ayer Teide Radio en el programa Teide Radio Verano.
“La jueza que lleva el caso considera que hay indicios sólidos para que los hechos sean juzgados”, señaló a este periódico el abogado de Izquierda Unida Canaria (IUC), José Pérez Ventura, quien presentó la denuncia que después asumió la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Según consta en el documento judicial, “atendiendo al gran número de llamadas así como al horario de las mismas, muchas de ellas en horas nocturnas o incluso de madrugada, resultan indicios de que el gasto desproporcionado no guarda relación con la actividad laboral” y “no da razón alguna de la actividad profesional que mantenía con titulares de algunas de las líneas a las que más llamaba que pudiera justificar comunicación tan fluida y por tanto, un gasto tan desproporcionado”.
El 5 de abril de 2013 el edil declaró en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad turística por este asunto y tres meses después devolvió 6.000 euros a las arcas municipales con la finalidad de ajustar su gasto medio del resto de concejales.
El consumo del resto del gobierno
En el auto, con fecha de salida de 8 de septiembre se especifica que el gasto del resto de concejales, incluido el alcalde, Marcos Brito, es muy inferior al realizado por Luis Miguel Rodríguez desde su terminal Blackberry Bold. En julio de 2011, el consumo de su móvil fue de 2.268 euros mientras que el del mandatario local ascendió a 216,79 euros y el de la edil de Hacienda, Sandra Rodríguez, a 537, 71 euros. El concejal de CC que menos consumió fue Carmen Dolores Padilla (170 euros), seguida por Ricardo Padrón (306,71); Juan Carlos Marrero (388,31) y Emma Mesa (475,46).
Fuentes de la defensa confirmaron a este periódico que apelarán el auto de la jueza “porque está basado en meras suposiciones, ni siquiera en indicios, y no hay una prueba cierta para que se pueda acusar a Luis Miguel Rodríguez”.
“Ninguno de los testigos que han declarado han dicho que se haya realizado un uso particular del citado teléfono móvil sino que afirman que se utilizó con motivos de trabajo”, recalcan las mismas fuentes. “Tampoco hay ningún tipo de llamadas de números raros ni especiales, sino que son llamadas normales y de trabajo”, insisten por último.
Sin embargo, la presentación de este recurso no paraliza el proceso ni el juicio que, “posiblemente se celebre en 2016”, indicaron desde la acusación popular.
Cuando este asunto salió a la luz, el concejal imputado confesó que no era consciente del importe de las facturas de su teléfono corporativo y que se había tratado de un error dado que pensó que tenía acceso gratuito a Internet y así también lo justificó el alcalde portuense.
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