Mediciones municipales en Pérez de Ayala avalan las bajas radiaciones

Foto / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Un triste antecedente en El Escorial, con cinco muertos

El caso de la comisaría santacrucera ubicada en la calle de Ramón Pérez de Ayala (en la imagen) no es, lamentablemente, una novedad en nuestro país. Fue en el verano de 2005 cuando, en apenas 16 meses, hasta cinco funcionarios que prestaban sus servicios en el Centro de Proceso de Datos del Cuerpo Nacional de Policía situado en El Escorial (Madrid) fallecieron de cáncer, mal que se le diagnosticó igualmente a otros siete. Los especialisras no encontraron una relación, pero los afectados pasaban su jornada laboral junto a un ordenador, una antena de transmisiones y dos estaciones eléctricas.

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado al menos dos mediciones de las radiaciones electromagnéticas que padecen los vecinos de la capitalina calle de Ramón Pérez de Ayala en los que no se constatan radiaciones por encima de los límites legales establecidos.

Este trabajo municipal, que se encuadra en la elaboración de un plan general para regular la ubicación de las antenas de comunicaciones en la capital tinerfeña, aún no ha terminado en esta parte de la ciudad dado que es menester acudir en distintos días y a distintas horas para que los resultados sean concluyentes.
Sin embargo, estas mediciones municipales (la última de las cuales tuvo lugar ayer mismo tras conocer por la exclusiva de DIARIO DE AVISOS que ya eran seis los diagnósticos de cáncer entre los trabajadores de la comisaría ubicada en dicha calle) están en sintonía con los realizados por la Dirección General de Policía, que incluso desplazó personal desde Madrid a tal fin y que arrojaron resultados tranquilizadores al respecto.

No hay que olvidar que existe otra medición de radicaciones más, la encargada por el sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP) a un organismo oficial, que también registró niveles muy por debajo del aludido límite legal de lo permisible. A este respecto, el secretario regional de la UFP, Rafael Dios, explicó ayer a este periódico que decidieron actuar por su cuenta cuando tuvieron en marzo del año pasado que habían tres enfermos de cáncer que trabajaban en la misma zona de la comisaría, concretamente una habitación de la primera planta que alojó el Servicio de Estadística de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía. “Las radiaciones son muy bajas y la información está al alcance de todos nuestros afiliados”, incide Dios. “Poco se puede hacer -continúa el sindicalista- pero tenga por seguro que si se encuentra alguna relación con las antenas seremos los primeros en pelear lo que haga falta para remediar esta situación”. Similares respuestas ofreció el secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía en la provincia, Yeray Domínguez, para quien “resulta obvio que las radiaciones son muy bajas, pero es cierto que siguen produciéndose casos en la comisaría; eso nos obliga a seguir muy pendientes de este tema para buscar alguna explicación razonable”.

Denuncia

Como recordará el lector, fue otro sindicato policial, la Confederación Española de Policía (CEP), quien denunció en marzo de 2013 los tres primeros diagnósticos de cáncer entre los funcionarios de este centro público, denuncia reiterada hace unos días al constatar que ya son seis los casos de cáncer detectados.
Sin embargo, esta terrible dolencia no ha afectado del mismo modo en los seis casos. Por los datos con los que cuenta este periódico, dos de los primeros presentaron tumores similares en el cráneo, pero otros dos casos son de intestino y de vejiga. Eso sí, todos desempeñaban su función en la citada habitación o en las anexas, lo que ha motivado (según la denuncia de la CEP), que un mando de la comisaría haya cambiado su lugar de trabajo de un despacho contiguo a otro más alejado, y que otro esté en trámites para lo mismo. En su día, la CEP recurrió a la Plataforma de Afectados por Antenas Móviles de Canarias (Planmocan), cuyas mediciones también se encontraban dentro de lo permitido por la ley española, pero no de lo aconsejable según el Consejo de Europa.

“La ley española es muy permisiva”

No son pocas las voces que claman contra las radiaciones de las antenas de comunicaciones y sus efectos en la salud. A pesar de que no hay comprobación científica de que tales emisiones puedan provocar cáncer, los detractores de estas instalaciones recuerdan que algo similar ocurrió con el tabaco, y que en el sector se mueven colosales intereses económicos.

Una buena muestra de ello pudo observarse ayer en el programa Canarias en la Onda de Teide Radio, donde intervinieron una de las cabezas visibles de la Plataforma de Afectados por Antenas Móviles de Canarias (Planmocan), Antonio Porras, y conocido abogado ambientalista Agustín Bocos, que ganó fama en el caso del colegio vallisoletano García Quintana.

Tanto Porras como Bocos denunciaron que la legislación española marca unos topes muchísimo más permisible que el fijado en los países de su entorno, al punto que supera 4.500 veces al recomendado por el Consejo de Europa. Los dos recomendaron una inmediata reforma legal de la normativa estatal en cuestión