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Medina: “El malestar de los abogados es mayoritario contra los ministros”

   
Víctor Medina Fernández-Aceytuno. / DA

Víctor Medina Fernández-Aceytuno. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“Los ministros Alberto Ruiz-Gallardón y Luis De Guindos [responsables de las carteras de Justicia y Economía y Competitividad respectivamente] llevan tres años de ataques y recortes contra el derecho a la tutela judicial efectiva”. Con esa rotundidad se manifiesta el decano del Colegio de Abogados de Tenerife, Víctor Medina Fernández-Aceytuno, que a su vez es el promotor de una moción aprobada el pasado viernes por el Consejo Canario de Colegios de Abogados de Canarias que exige la dimisión de los dos ministros citados o, en su defecto, que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, proceda a su “cese fulminante”.

Ante lo improbable de que tal circunstancia se produzca, Medina explica que “tal moción no es más que un reproche moral contra estos dos ministros y las políticas que han llevado a cabo durante su ejercicio; no somos ingenuos y sabemos perfectamente que el presidente Rajoy no nos hará caso alguno, pero estas muestras de protesta no son más que el corolario natural ante la actitud demostrada por Gallardón y De Guindos”.

El rechazo al titular de Justicia no es nuevo por parte de los abogados tinerfeños, por cuando la aprobación de las nuevas tasas judiciales motivó que a finales de 2012 ya se le declarase persona non grata, iniciativa que luego fue secundada -entre otros- por sus compañeros de Galicia y Granollers, así como de otras organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y hasta de políticos rivales como la que fuera candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano.

“Es que no se trata de una gota de agua que colma el vaso, sino un cubo entero” lamenta Medina, quien no deja de mostrar su asombro ante las previsiones gubernamentales a la hora de legislar sobre los colegios profesionales. “Aunque parezca increíble, y más tratándose de un gobierno de derechas, pretenden fijar hasta la cuantía de las cuotas que libremente abonan los colegiados para pertenecer a su asociación profesional”, recuerda el Decano tinerfeño, para quien tampoco resulta de recibo que se fije por ley “el número de colegios profesionales que puedan existir y decidir cuáles sí y cuáles no, cuando este tipo de organizaciones no reciben ni un euro de las arcas públicas”.

Lo cierto es que, en palabras del propio Medina, este “reproche moral” no limita su alcance al consejo canario, ya de por sí importante al incluir a los colegios de abogados existentes en las Islas (Tenerife, La Palmas, Gran Canaria y Lanzarote).

A este respecto, cabe recordar que existe una directriz del Consejo General de la Abogacía para asumir como propios todos los acuerdos de los consejos territoriales. “Desde luego que no se trata de una inquina personal de los abogados canarios, sino que más bien se trata de un sentir mayoritario. No en balde, otros compañeros como los de Granada, Málaga o Madrid están ahora mismo en huelga por esta misma causa”.