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¿Nuevos impuestos? – Por Leopoldo Fernández

   

El presidente Rivero ha anunciado en el Parlamento canario que su Gobierno prepara -y espera poder presentar públicamente antes de fin de año- una subida de impuestos en el Archipiélago, que ha querido diferenciar de la reforma tributaria anunciadas por el Ejecutivo de Rajoy, porque la basa en la “justicia social” de modo que “paguen más los que más tienen”. Estas palabras suenan muy bien, pero una cosa son las intenciones y el buenismo populista y otra la realidad. El anuncio presidencial ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado puesto que las representaciones de empresarios y trabajadores, lo mismo que las de los diputados que sostienen al Gobierno, no han sido consultadas ni tienen la menor noticia sobre el asunto. Personalmente, me bastan los antecedentes para acoger con muchas reservas las afirmaciones del jefe del Gobierno autonómico. Por ejemplo, en junio de 2012, subió el tipo general del IGIC nada menos que un 40%, al pasar del del 5 al 7%; un incremento desproporcionado, brutal, sobre todo porque no hace distingos entre el rico y el pobre, ya que afecta a todos por igual. Además, el tipo reducido del IGIC creció del 2 al 3% y los del 9 y el 13%, en medio punto. Estas medidas son antisociales, injustas y atentan contra el principio de progresividad fiscal, es decir, que cada ciudadano aporte a la caja común de Hacienda en función de sus ingresos o disponibilidades.

La reforma impositiva que propone el Gobierno central, sin ser modélica, resulta mucho más justa que la que aplicó el Ejecutivo autonómico hace un par de años y que, pese a pasar del 21,5 al 22,5% el tramo autonómico del IRPF a las rentas superiores a 53.000 euros, suprimió diversas subvenciones sociales para familias numerosas, estudio y cambio de residencia, entre otras. Es cierto que con la subida del IGIC se han podido paliar en gran medida los recortes que ha sufrido Canarias en su financiación, que han tenido efectos negativos sobre todo en los servicios públicos básicos, tanto sociales como educativos y sanitarios. Aún así, se ha incrementado sensiblemente la recaudación impositiva y han disminuido los gastos improductivos, con el cierre de empresas públicas, la supresión de algunos organismos y el cese de personal accesorio en distintos departamentos de la Administración. Es en estos capítulos donde el Ejecutivo autonómico debe insistir, lo mismo que en la reforma político-administrativa que desde hace años viene reclamando la comunidad autónoma para reducir su tamaño, evitar duplicidades y ganar en eficiencia. Subir los impuestos en un momento en que los baja el Gobierno central e incluso algunas corporaciones locales no es la mejor medida para incentivar el despegue del consumo y de la economía canaria.