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La pregunta de los sondeos incluirá el turismo, la pesca y el agua desalada

   
Paulino Rivero preside una sesión del Consejo de Gobierno. / DA

Paulino Rivero preside una sesión del Consejo de Gobierno. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La consulta está en lista de espera y el Ejecutivo canario da la vuelta a la manzana en busca de una pregunta que no comprometa la respuesta. El Gobierno regional confía en que el Consejo apruebe esta semana “o la próxima” los dos decretos que desarrollan el artículo 20 de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, de 2010, y que se utilizarán para pulsar la opinión de la calle acerca de las prospecciones petrolíferas. Eso será después de recibir los informes del Consultivo sobre los textos enviados el 4 de septiembre. El plazo máximo por la vía de urgencia es de 15 días.

Una vez que la normativa esté plenamente vigente se procederá a la ratificación por el órgano colegiado del enunciado, consensuado con otras instituciones, organizaciones políticas y colectivos sociales. El presidente emitirá posteriormente la orden de convocatoria de la consulta, cuya fecha límite ha fijado Paulino Rivero para el 30 de noviembre. Entonces se despejará la duda de si el Gobierno de la nación eleva un recurso al Tribunal Constitucional, tal como hará con respecto a Cataluña.

La Administración autonómica hila fino para no enredarse en una maraña jurídica. Como solo puede someter a consulta cuestiones de materias de su estricta competencia, y los hidrocarburos no lo son, cualquier mención a los sondeos en aguas del entorno de Lanzarote y Fuerteventura acarrea un riesgo de intervención por parte del Gabinete de Mariano Rajoy. Con eso cuenta el bipartido (CC-PSOE), por lo que se ha empeñado en no dejar nada a la improvisación.

Durante la última sesión de control en el Parlamento, el presidente del grupo nacionalista, José Miguel Ruano, el promotor precisamente de la Ley de Participación, señaló por dónde van los tiros al preguntar al consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, sobre “la afectación al turismo, la pesca, el medio ambiente y el agua desalada”. En su contestación desde el banco azul, Spínola garantizó que la legalidad será “irreprochable”. Tal argumentación se fundamenta en el artículo 32.5 del Estatuto, que ampara el “sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con la Constitución”. Eso no admite controversia. El conflicto se detecta en un agujero negro que ha surgido en el centro de la galaxia política a menos de un año luz de las elecciones. El telescopio de La Moncloa apunta al decreto que prepara Rivero para llamar a las urnas, que podrán ser presenciales o a través de los recursos de Internet. El Partido Popular atacaría su coherencia si torpedea una ley que apoyó en su momento y ante la que el PSOE se abstuvo.

No son las formas, sino el fondo. También influye el contexto histórico, dominado por el desafío soberanista de Artur Mas. Si bien las situaciones no son comparables, la coincidencia en el tiempo confunde el objetivo. Las similitudes son una trampa. La edad mínima permitida para votar (los 16 años), el registro del censo, la iniciativa y el propósito mismo encubren malentendidos que amenazan con engendrar litigios en el limbo de lo absurdo.

“¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”. Esta interrogante, formulada ficticiamente el 10 de febrero, no será resuelta finalmente en un referéndum, que ha sido descartado por el método del silencio consumado.

Los conflictos de competencias

-Recurso ante el Tribunal Constitucional. La ley del Tribunal Constitucional dedica el capítulo segundo al conflicto entre administraciones. Así, se lee que “pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las comunidades autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos”. Y añade: “Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artículo anterior con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier tribunal, este suspenderá el curso del proceso [hasta su resolución]”.

-Suspensión. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión por la Comunidad Autónoma, se suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al contencioso. En los restantes supuestos recogidos, el órgano que formalice el conflicto “podrá solicitar del Tribunal Constitucional la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto”, con la invocación de “perjuicios de imposible o difícil reparación”. El alto órgano judicial “acordará o denegará libremente” la suspensión requerida.