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Rescindir el contrato de la piscina costará unos 2,5 millones de euros

   
La piscina sigue cerrada, pese al requerimiento municipal. / S. MÉNDEZ

La piscina sigue cerrada, pese al requerimiento municipal. / S. MÉNDEZ

NORBERTO CHIJEB | Güímar

La piscina municipal de Tasagaya no abrió ayer, tal y como habían exigido los representantes del Ayuntamiento a la empresa concesionaria, que el pasado 9 de septiembre cerró la instalación, según la UTE Cedaga-Olano, por carecer de seguro, al no haberse solucionado varias deficiencias relacionadas con la caldera.

El director de la instalación se personó ayer por la mañana en el registro del Ayuntamiento para entregar un recurso de reposición, firmado por el gerente de la empresa, Agustín García Afonso, en las que motivaba las alegaciones por las cuales no se atendía a la orden del Ayuntamiento de abrir la piscina, incidiendo en las deficiencias de la instalación donde se ubica un depósito de 2.000 litros de gasoil y la ventilación de la caldera, entre otros.

La piscina cubierta de Tasagaya comenzó a construirla, por orden del Cabildo, la empresa Mazotti, que posteriormente quebraría, para terminar la obra la constructora Olano, que finalmente hizo una UTE con Cedaga Servicios para obtener la concesión a finales de 2011, meses después de abierta la piscina.

La concesión la obtuvo por 20 años, imponiéndose entonces a otras dos empresas, al triplicar el canon de inversión cada cinco años en 688.000 euros, cantidad inferior a la que se gastó la empresa para abrir la instalación, algo más de 800.000 euros según dice su director, que ayer reconoció que ha estado aquí “tres años jugándome el pellejo”, al valorar el riesgo de “vivir en ambiente explosivo”, que no cuenta con las medidas de seguridad, como recoge el informe de un ingeniero. La empresa pagó ayer mismo el 50% de las dos nóminas que le debía a su veintena de trabajadores, quienes seguramente tendrán que ir a un ERTE ante el cierre de la instalación y la rescisión del contrato, que según el director de la piscina, le podría costar al Ayuntamiento “una indemnización en torno a 2,5 millones de euros”, como lucro cesante del contrato, admitiendo que la piscina ahora mismo no es rentable “sin que el Ayuntamiento haya atendido ese desequilibrio económico”.

“La Justicia será la que decida”

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, después de no cumplir la empresa concesionaria el plazo dado por el Ayuntamiento para que reabriera la piscina, insiste en mantener la misma postura manifestada con anterioridad: “El lunes abriremos la ventanilla única para la reclamaciones de los usuarios de la piscina y empezaremos, por incumplimiento del pliego de concesión, el proceso para rescindir el contrato”. Castro ha estado estos días reunidas en largas sesiones con los servicios jurídicos y Marisa Santos, la secretaria municipal, y cuando se le preguntó por el posibilidad de que tuviera que hacer frente a una indemnización de 2,5 millones de euros, solo manifestó que “yo solo hago lo que digan los servicios jurídicos y al final tendrá que decidir la Justicia, porque cada parte defiende su postura”, comentó la alcaldesa, segura pero a la vez preocupada.