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Rivero hace de la reforma fiscal una bandera de la “justicia social”

   
El presidente Paulino Rivero, junto al consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. / DA

El presidente Paulino Rivero, junto al consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. / DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, recalca que la reforma fiscal que promueve su Ejecutivo busca “dar un paso más” hacia la justicia social que “siempre”, asegura, ha defendido.

Así lo expone Rivero en la última entrada de su blog personal, en la que escribe que, “ahora que todo apunta a que la coyuntura económica comienza a mejorar”, es el momento “idóneo” para avanzar en esta idea, tal como adelantó el martes durante la sesión parlamentaria de control.

“Los pasos que estamos dando hacia la recuperación deben verse reforzados con una reforma fiscal, en la que estamos trabajando, que tenga en la justicia social su razón de ser”, remarca.

Rivero argumenta que, con el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como línea roja que su Gobierno “jamás se va a saltar”, impulsará una reforma fiscal “para que paguen más los que más tienen y para que paguen menos los que menos tienen”.

El mandatario recuerda que “Canarias tiene capacidad normativa, en el 50% del tramo autonómico del IRPF, para establecer modificaciones que apuntalen la progresividad, del modo que la contribución de cada ciudadano esté mejor relacionada con su nivel de renta”. Desde su punto de vista, las reformas impulsadas por el PP “han ignorado” esta cuestión.

“El objetivo del Gobierno canario al promover esta reforma fiscal es intensificar la progresividad del impuesto en su tramo autonómico, de modo que éste se ajuste a la capacidad real de contribución del ciudadano”, pone de relieve Rivero.

El presidente destaca que esta medida constituye “otro paso más” del Ejecutivo en la defensa de “un modelo de sociedad basado en la cohesión social, en la cohesión económica y en la igualdad de oportunidades”. En este sentido, llama la atención sobre la circunstancia de que, mientras otros gobiernos “han mirado a otro lado o han tirado la toalla, llegando incluso a cerrar hospitales y colegios”, durante los últimos años se ha practicado en Canarias, “contra viento y marea”, una política de protección de los servicios esenciales. “Los recortes no lo han puesto fácil”, reconoce.