“¿Y ahora qué hacemos, señora jueza?”

Antonio Méndez, destrozado ayer en el juzgado. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Tacoronte

“¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde quedaron nuestros derechos? Estas son algunas de las trágicas preguntas que Antonio Méndez y Berta Ferreiro le formularon ayer a la titular del Juzgado Número 5 de La Laguna, Mercedes Santana, mediante una carta que entregaron personalmente en el registro 24 horas antes de que se produzca el inevitable desalojo de su vivienda, situada en el 102 de la calle Ismael Domínguez, en Tacoronte, donde viven desde hace más de 30 años. El lanzamiento, que ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) intentó frenar hasta último momento, será hoy a las 08.00 horas.

La pareja no tiene respuestas para estas preguntas pero sí tiene claro que su lanzamiento es un hecho injusto que podría haber sido evitado. Y así lo sostienen las 18.866 firmas de apoyo que presentaron ayer en el Juzgado y en Presidencia del Gobierno, donde fueron acompañados por unas 50 personas que quisieron solidarizarse con su situación.

Antonio y Berta son conscientes de que su futuro “no es problema de la jueza” pero le recuerdan que es consecuencia “de una actuación judicial errada que no pueden olvidar y que no les sirve para entender qué está pasando”. Hace varios años atrás el matrimonio fue denunciado por su vecino colindante, Urbano Hernández, porque su casa se asentaba sobre los pilares de la vivienda de la pareja pese a que fue construida siete años antes, tal y como lo demuestran las pruebas fotográficas aéreas. Ante la imposibilidad en ese momento del matrimonio de ejecutar una obra de reconstrucción en el inmueble de 136.000 euros, éste salió a subasta por el mismo importe y fue adquirido por su vecino al 60% de su valor dado que no hubo ningún interesado. “Por una pared de nueve metros perdemos nuestra casa y por eso le preguntamos a Mercedes Santana: ¿Es eso hacer justicia? ¿El valor de nueve metros es igual que el de toda una vivienda?”, le cuestionan en la misiva.

Berta y Antonio saben que no están solos, que hay familiares, amigos, vecinos e incluso ciudadanos que no los conocen pero que los apoyan porque su caso es una verdadera “injusticia”. Pero también son conscientes que la realidad que viven hoy es muy diferente a la de noviembre de 2012 cuando su primer intento de desalojo se logró frenar gracias a la presión ciudadana y la promesa de Urbano Hernández y su abogado de llegar a un acuerdo pese a que los intentos realizados no dieron sus frutos.

Por eso, hace dos días comenzaron a embalar sus pertenencias y a dejar en la vivienda “lo indispensable”. Pese a ello, en un “desesperado llamamiento”, le piden a la jueza que “sea valiente y detenga su desalojo”, al tiempo que le advierten que pese a su edad y a sus circunstancias personales seguirán luchando para que se haga justicia.

Un cúmulo de despropósitos

El caso de Antonio Méndez y Berta Ferreiro sería objeto de estudio en cualquier facultad de Derecho por el cúmulo de despropósitos y la mala defensa que han hecho los abogados de oficio que ha tenido la pareja, incluido el que presentó la demanda ante el Tribunal Supremo. Una prueba que demuestra que los infomes periciales se basaron en datos erróneos es que el Registro de la Propiedad mantiene la vivienda inscrita a nombre del matrimonio a pesar de la orden del Juzgado, igual que el terreno adjunto donde Berta y Antonio crían a sus animales, respecto del cual la Justicia no se ha pronunciado.