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Los cabildos exigen al Gobierno que elimine el copago en dependencia

   
Más de 400 personas llevan más de un año esperando por una plaza en un centro para dependientes. / DA

Más de 400 personas llevan más de un año esperando por una plaza en un centro para dependientes. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Después de años de súplicas, las cerca de medio centenar de asociaciones que integran la plataforma Tenerife Discapacidad han encontrado un aliado en sus reivindicaciones al Gobierno de Canarias. Los responsables de Políticas Sociales de los siete cabildos insulares exigieron ayer a la consejera regional del área, Inés Rojas, la inmediata suspensión de la aplicación del decreto de copago en dependencia, que según los consejeros “no fue fruto del consenso de todas las administraciones implicadas”.

A este respecto, los miembros de la Federación Canaria de Islas (FECAI) pidieron a Rojas que se constituya una “mesa de negociación y seguimiento”, en la que estén presentes la propia FECAI, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y las entidades de discapacidad, “para entre todos alcanzar una fórmula viable y sostenible”.

De igual modo, los titulares de Políticas Sociales de las siete instituciones insulares consideran “imprescindible” contar con una nueva Ley de Cabildos antes de abordar la Ley de Servicios Sociales, ya que entienden que se deben “clarificar los marcos competenciales y de financiación”, antes de aprobar la legislación sectorial que pueda estar afectada por la referida Ley de Servicios Sociales. En este sentido, la FECAI se reafirma en los términos de un escrito que ya fue remitido a la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias el pasado 19 de junio, trasladando el acuerdo de los cabildos respecto a la modificación de la controvertida Ley Territorial Canaria de Servicios Sociales.

Por último, los consejeros del área exponen a Inés Rojas su “malestar” por el proceso de pago vigente en el Convenio de Dependencia de 2014, ya que a día de hoy se ha abonado “solo un 25% del montante total anual”, cuando “debería haberse alcanzado ya al menos el 50%”. Desde la FECAI reiteran que “la paralización del sistema informático en el que los cabildos vuelcan los datos es objeto de críticas por la demora que genera”. Por ello, las corporaciones consideran que es “urgente” replantear los términos del proceso de pago del referido convenio de cara al próximo ejercicio.

Un recorte de 37 millones de euros

La plataforma Tenerife Discapacidad lleva años denunciando que desde 2004 no se ha revisado el coste público por plaza en los centros isleños, lo que supone una reducción cercana al 15% sólo en lo que se refiere al IPC anual. Los problemas que están generando los recortes en las residencias no solo afectan a los usuarios de las mismas. Desde el año 2011 más de 400 personas esperan por una plaza.

-una cifra reconocida por el propio IASS-, a la que solo accederán si se produce alguna vacante. De hecho, la plataforma asegura que “al menos hasta 2020 no está previsto aumentar el número de plazas gestionadas por los cabildos, lo que supone un grave perjuicio para cientos de familias en el Archipiélago”. “Cuando se puso en marcha el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD), este contaba con 154 millones de euros solo para discapacidad; para este año, la dotación económica en Canarias para atender toda la dependencia (discapacidad y mayores) es de 117,4 millones, lo que supone un recorte de unos 37 millones de euros”, explica Raúl Cordero, uno de los portavoces de Tenerife Discapacidad, que lleva meses intentando sin éxito lograr una reunión con el presidente Paulino Rivero.