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Vía libre de España al puente aéreo sanitario desde Gando

   

T. F. / EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife / Madrid

El Gobierno español accederá a las peticiones que han hecho Naciones Unidas y Estados Unidos para usar el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria y las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en las operaciones que se lleven a cabo para luchar contra la epidemia de ébola en África, aunque siempre exigiendo “las debidas garantías”.

“España es un país solidario que ha prestado su asistencia en numerosas ocasiones. En este caso también lo haremos, con las debidas garantías que se tendrán que analizar”, explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser preguntada tras el Consejo de Ministros. Recordó además que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se encontraba ayer en Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Chuck Hagel, con quien concretará estos aspectos del procedimiento a seguir y las garantías a tomar en las bases de Morón y Rota. La vicepresidenta ha dejado claro que estas exigencias se extienden también a la ONU y el uso que podrá hacer del aeropuerto de Las Palmas.

“En ambas cuestiones el procedimiento tiene que ser el mismo. Tenemos que tener muy claro cómo se van a desarrollar estas peticiones y qué garantías han de tenerse para combinar la solidaridad que cualquier Estado debe prestar en una crisis como esta con las debidas garantías a los ciudadanos”, subrayó. Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo analizará “muy detalladamente” el uso que tanto Estados Unidos como Naciones Unidas hagan de las instalaciones españolas en sus operaciones contra el ébola, como por ejemplo aspectos tan concretos como el transporte al que van a recurrir y su procedencia. Aunque el Gobierno analizará “caso a caso” cada petición, la vicepresidenta reiteró que el “criterio” que se seguirá siempre será “de carácter común”, teniendo “muy presente el aspecto sanitario pero con el criterio de prudencia”. En ningún caso habrá repatriaciones de personas contagiadas.

Esta decisión ha despertado duras críticas tanto en el Gobierno de Canarias como en el de Andalucía, dado que en ambos casos el Ejecutivo central no se ha puesto en contacto con los regionales a pesar de que ambas comunidades son competentes en temas de Salud Pública. Además, en el caso canario esa falta de información vulnera lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, según el cual todo acuerdo internacional que afecte al Archipiélago debe ser consultado a las autoridades regionales. Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, afeó ayer este ninguneo institucional y desveló que sólo ha hablado con el embajador estadounidense.