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El caso Icfem – Por Leopoldo Fernández

   

Tras 16 largos años de prolegómenos judiciales, el llamado caso Icfem (por el Instituto Canario de Formación y Empleo) queda cerrado tras la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia de Las Palmas en favor de los cinco acusados, quienes ocuparon cargos de responsabilidad en dicho centro, dependiente de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, entre 1995 y 2003. Digo cerrado porque no creo que el fiscal, vistas sus intervenciones durante el juicio, vaya a presentar recurso de apelación. En todo caso, tan larguísimo proceso ha revelado que en absoluto puede tenerse por ecuánime, recta y objetiva una Justicia que tarda la friolera de 16 años en sustanciar un procedimiento judicial, por complejo que sea. Para algo están los jueces de apoyo, la asignación de funcionarios o los refuerzos de personal; todo, con tal de actuar diligentemente en beneficio de los acusados, que han debido pasar un auténtico calvario al estar situados durante demasiado tiempo en el punto de mira de la opinión pública. Los cinco han sido exonerados “de toda responsabilidad criminal”; vamos, que no metieron la mano en la caja, para entendernos. Fueron denunciados tras un dictamen muy severo de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la concesión de subvenciones dedicadas a formación y más tarde acusados el delito de prevaricación continuada, es decir, aprobar o consentir algo a sabiendas de que era ilegal. En realidad, el Icfem otorgó subvenciones de fondos europeos -por importe superior a 20.000 millones de pesetas, si no recuerdo mal- destinados a formación, a través de convenios concertados con diversas entidades y organizaciones. Al final se descubrieron algunos fraudes o irregularidades en el buen fin de dichos fondos tras las correspondientes comprobaciones de la Consejería, que denunció los hechos y exigió la devolución de las subvenciones en los casos que pudo localizar a los infractores. Hubo un momento, verano de 1998, en que existían más de 4.600 expedientes con subvenciones sin justificar por importe de más de 12.000 millones de pesetas. Creo que pudieron recuperarse un tercio de las subvenciones indebidas, mal empleadas o defraudadas, que de todo hubo en esos años de generosos fondos europeos. No pocos listillos constituyeron empresas de la noche a la mañana y recibieron las ayudas porque aparentemente cumplían los requisitos exigidos. Luego cobraron… y desaparecieron. Si alguna lección cabe obtener de este caso Icfem es la necesidad de implantar mayores y mejores controles de legalidad en el manejo y justificación del dinero público.