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¿Eres cómplice de la corrupción? – Por Agustín Casanova

   

Sobres con dinero negro, sobresueldos a cargos públicos, donaciones opacas a partidos políticos, comisiones ilegales, financiación ilegal, cuentas en B, EREs fraudulentos, cuentas en paraísos fiscales, blanqueo de dinero, enchufismo, estafas, pelotazos urbanísticos, transfuguismo, una suerte increíble con la lotería y, ahora, tarjetas de crédito opacas. ¡Y luego decimos que los políticos no trabajan! Cada día se descubre un nuevo caso. Cuando parece que ya nada nos puede sorprender, aparece otra noticia que nos sorprende aún más. Cuando son pillados, en vez de actuar con dignidad -siendo benevolente y suponiendo que alguna tienen- y dimitir en el acto, con soberbia y prepotencia se aferran a la presunción de inocencia para seguir en sus puestos, y quién sabe si para seguir delinquiendo. La presunción de inocencia es un principio jurídico penal por el que se establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso judicial en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá exigírsele responsabilidad penal, responsabilidad que en muchos casos es criticada por la ciudadanía por recaer penas irrisorias en la mayoría de las sentencias. La responsabilidad penal queda claro que la exige el Estado a través de jueces y tribunales. La responsabilidad política es imputar una valoración por el uso que un político hace del poder. No tiene carácter jurídico.

Es evaluada no solo por los partidos políticos, aunque para ellos siempre son los otros quienes deben tenerla, sino también por los ciudadanos cuando asumiendo el papel de electores en un sistema democrático deciden votar a una opción política aprobando o reprobando, entre otras cosas, el uso previo que han hecho del poder otorgado. Pero resulta cuanto menos preocupante que la sociedad, a la hora de pedir responsabilidades políticas en el único momento que puede hacerlo, en las urnas, no solo no tiene este aspecto en cuenta, sino que sigue otorgando su confianza a corruptos. Llamativo resulta el dato de que siete de cada diez políticos imputados hayan salido reelegidos en las últimas elecciones municipales. No cabe duda de que las listas abiertas, una nueva ley de financiación de partidos y una ley de transparencia ayudarían a ‘limpiar’ la vida política de presuntos corruptos, pero si tenemos en cuenta que el 80% de los políticos imputados pertenecen al PP y al PSOE, no es de extrañar que estén en contra de estas medidas, y a menos que exista una alternativa clara al bipartidismo, estas medidas no las implementarán jamás.
*ABOGADO (casanova@hotmail.com)