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La rebaja en el tramo regional del IRPF beneficia a 703.000 canarios

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Al final se ha impuesto una reforma fiscal psicológica, basada en un principio de justicia social. “Que paguen más los que más tienen”, resaltó ayer Javier González Ortiz al informar en rueda de prensa de la aprobación del proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2015.

El consejero de Economía y Hacienda explicó que la rebaja que se aplicará en el tramo regional del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) beneficiará a 703.000 contribuyentes, el 97% de los declarantes. En el extremo contrario, la iniciativa conlleva un aumento para las rentas más altas, a partir de 53.407 euros. Ortiz situó el número de afectados en este grupo entre los 19.000 y los 20.000 residentes canarios.

Pese al pretendido impacto en los bolsillos de los trabajadores y al impulso a la creación de empleo, el Gobierno de Paulino Rivero (CC-PSOE) reconoce que la rebaja fiscal “no tendrá efectos sensibles en la recaudación”. Ortiz admitió que lo que se gana por arriba -“entre 25 millones de euros y 30 millones”- no compensa el retoque en la parte baja. Sin embargo, se espera que esta acción mejore la actividad económica y la progresividad fiscal. Con este último objetivo, se incorporan precisamente dos tramos (de cuatro a seis): hasta 12.450 euros, un tipo del 9,5%; a partir de 53.407, el 23,5%, y desde 90.000, con el 24%. La nueva escala autonómica del IRPF contará con un peldaño más que los que fijará el ministerio de Cristóbal Montoro. “Los tipos canarios y las cuotas devengadas quedan por debajo [de los nacionales] a excepción de las bases superiores a 53.407 euros”, indicó Ortiz.

En línea con lo que ya había expuesto Rivero, el consejero justificó estos cambios en la “necesidad de corregir los “errores” -de desigualdades y desequilibrios habla el presidente- de la modificación el IRPF en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.

Al ser preguntado por las discrepancias surgidas en Coalición, Javier González Ortiz escurrió el bulto. “Esta es la reforma fiscal del Gobierno de Canarias”, enfatizó. “Que cada uno sustente sus especulaciones”, zanjó.
Lo cierto es que voces del coro nacionalista como la del propio candidato de CC a la presidencia del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, han transmitido opiniones divergentes del criterio defendido por Rivero.
“En ninguna circunstancia soy partidario de la presión fiscal”, se la ha escuchado a Clavijo. A la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, tampoco le entusiasma la idea.

El Parlamento rechazó el 9 de septiembre una proposición no de ley del PP en la que se ofrecía un plan de choque fiscal, que colisionó con el bloque de la alianza oficialista y con el grupo mixto (NC-PIL). En el pleno, Jorge Rodríguez reclamó una disminución de dos puntos en el tipo general del IGIC (impuesto indirecto canario, equivalente al IVA), para devolverlo a la situación anterior a la ley de junio de 2012. Pedía, además, el restablecimiento de la bonificación a los servicios de telefonía. Sugería, asimismo, la rebaja de un punto en los tramos que gravan las rentas más bajas y una congelación en las altas. Esto es otra cosa.