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La huida – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Se acumulan las noticias sobre Cataluña, noticias en las que se mezclan el independentismo y la corrupción generalizada, aunque la corrupción es universal en toda España y en nuestra clase política. El penúltimo episodio ha sido el escándalo de las tarjetas de Bankia llamadas fantasmas, en la que están implicados políticos de todos los partidos, Rodrigo Rato entre ellos, y sindicalistas. Porque a la hora de lucrarse con fondos públicos la derecha y la izquierda españolas no se distinguen. Las Cajas de Ahorro eran entidades financieras modélicas hasta que Felipe González metió en sus Consejos de Administración a políticos y sindicalistas. La coartada era la participación de la sociedad en su gobierno, aunque el objetivo real fue controlarlas políticamente. Y vaya si las controlaron. Entre otras cosas, los políticos y sindicalistas las arruinaron a base de rapiñar sus fondos. Pujol, Bárcenas o los ERE andaluces no son casos aislados: en España nos ahogamos literalmente en la corrupción social y política.

El independentismo catalán y su referéndum sobre la independencia suponen un brutal ataque y un desprecio absoluto a la Constitución y a las leyes. Pero resulta que no están solos, y el Gobierno canario, y, en particular, su presidente, han querido venir a colaborar también en el aquelarre anticonstitucional de victimismo, demagogia y populismo que nos asola. En realidad, el nacionalismo canario siempre ha sido o mero regionalismo insularista o populismo vergonzante. Pues bien, entre el aluvión de noticias de estos días, se nos anuncia que Canarias ya tiene fecha y pregunta para la consulta sobre las prospecciones petrolíferas. La fecha es el próximo 23 de noviembre y la pregunta es: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha calificado la pregunta de confusa, y ha manifestado que le causa sorpresa, ya que contrapone distintos sectores que tienen un carácter complementario y generador de empleo, como son el turismo y la exploración de hidrocarburos. “La forma en que se plantea la consulta es algo confusa. No se trata de escoger entre un modelo u otro.
No hay sectores contrapuestos, sino dos actividades que trabajan para la sociedad”, ha concluido. Por su parte, el Gobierno español advierte que actuará “en consecuencia”, y que ya trabaja en el recurso contra la consulta canaria porque invade la competencia estatal en materia de investigación de hidrocarburos, a pesar de que el Ejecutivo autonómico le ha dado un enfoque medioambiental. En efecto, el Gobierno canario pretende enmascarar su invasión de la competencia estatal y, por consiguiente, la inconstitucionalidad de su consulta con un enfoque medioambiental; aunque se trata de una burda pretensión fallida, que no consigue ocultar el fondo de la cuestión y lo que, en realidad, se dirime. Pero es que, además, el presidente de Repsol se queda corto cuando califica la pregunta de confusa.

La pregunta es claramente deshonesta y manipuladora de la opinión pública, en cuanto que da por probado precisamente lo que se pretende probar. La pregunta da por supuesto que las prospecciones obligarán a cambiar nuestro modelo económico basado en el turismo y afectarán al medio ambiente. Y eso, justamente, es lo que el Gobierno canario no ha conseguido demostrar. Y no lo ha conseguido demostrar porque no es verdad.

Ningún canario quiere poner en peligro nuestro turismo ni nuestro medio ambiente, y los defensores de las prospecciones tampoco. Simplemente afirman que esas prospecciones no ponen en peligro ni lo uno ni lo otro. Y fundamentan su afirmación en muy solventes estudios técnicos y en contundentes ejemplos internacionales, que van desde Noruega a California.

Ningún país del mundo se ha permitido el lujo de rechazar las posibilidades económicas que ofrece el petróleo; y en ninguna parte del mundo el petróleo ha arruinado al turismo. Y no olvidemos que, de acuerdo con la legislación española, la autorización de las prospecciones ha requerido un informe previo de impacto medioambiental, que Repsol ha superado.

El Gobierno canario actual ha fracasado rotundamente en la gestión política y económica de nuestra autonomía. La situación de la sanidad y del empleo, por ejemplo, es impresentable. Y el viejo recurso victimista de echarle la culpa de todo a Madrid cada vez funciona menos. El empecinamiento en la consulta y en el asunto de las prospecciones es una clara huida hacia adelante. Y tenemos la obligación de añadir que es la huida hacia adelante de un Gobierno cuyo presidente ha sido desautorizado por su partido, que lo ha rechazado como candidato a un tercer mandato.

Su política de crispación y enfrentamiento a ultranza con el Gobierno estatal; de constantes amenazas y chantajes a ese Gobierno; de coqueteos con el independentismo canario y catalán; y, en resumen, de abandono de la gestión gubernamental para la que fue elegido en aras de aventuras populistas, no ha sido refrendada por su partido. Y, por si fuera poco, su vicepresidente ha tenido que renunciar también a ser candidato en las próximas elecciones porque no cuenta con los apoyos suficientes en su partido.
Dos políticos fracasados unidos en una huida hacia ninguna parte.