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Nuevo rechazo del PP en el Senado a suspender los sondeos de Repsol

   

AGENCIAS | Madrid

El Grupo Popular en el Senado rechazó ayer dos mociones presentadas por Coalición Canaria (CC) en las que se instaba al Gobierno a paralizar y revocar las prospecciones de petróleo en aguas españolas y prohibir los proyectos de hidrocarburos que puedan afectar a espacios protegidos o zonas turísticas.

En la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el senador popular José Ignacio Palacios defendió los sondeos en Canarias” con todos los estudios y garantías legales y medioambientales”, y recordó que la empresa turco-británica Genel Energy ha encontrado petróleo en aguas marroquíes, cerca de las Islas, informó Europa Press.

En su opinión, si España halla gas o petróleo es necesario que lo pueda “explotar con todas las garantías medioambientales” y que esta actividad se “combine” con las energías renovables. Además, ve “sorprendente” que España renuncie a los sondeos a “cuando a lo largo y ancho del mundo” se llevan a cabo también cerca de zonas turísticas.
“El petróleo es sucio, limpio no es, pero es imprescindible”, argumentó, insistiendo en que si España se opone a extraer el petróleo “dejaría vía libre” a Marruecos para que lo haga con una norma con menos garantías. Además, dijo, en caso de un incidente en Marruecos, “las costas canarias se iban a ver afectadas”.

Al defender las mociones, el senador Narvay Quintero (CC) insistió en la oposición de “una gran parte” de la sociedad y las instituciones canarias a las prospecciones por el riesgo de un vertido de petróleo que tendría consecuencias negativas para la naturaleza, el abastecimiento de agua potable a Fuerteventura y Lanzarote y para el turismo. Quintero defendió un modelo basado en las energías limpias y rechazó el petróleo por considerarlo una energía “antigua y sucia” que, a su juicio, no generará “ningún beneficio” para los canarios sino solo para Repsol. Además, señaló que los indicios de crudo en Marruecos se sitúan a unos 200 metros de profundidad, mientras que en Canarias las perforaciones se harían a partir de 3.000 kilómetros, con el “riesgo” que conlleva. También acusó al Ejecutivo de usar “diferente vara de medir” en Canarias que en Baleares, “simplemente por intereses políticos”.

Por su parte, el senador del PSOE Gregorio Medina Tomé rechazó las prospecciones en la costa Mediterránea, Canarias y Baleares y criticó que el Gobierno de Rajoy haya autorizados los sondeos a Repsol cuando la propia empresa ha reconocido “riesgos”. Por este motivo, hizo hincapié en que el PP será “responsable” si las costas de Canarias se convierten en “aguas anegadas de petróleo”. El PSOE presentó enmiendas para solicitar que se paralicen “en cualquier caso” los permisos concedidos o en trámite, y que no se concedan nuevos en el Mediterráneo, Baleares, la Costa del Sol o Canarias.

El Colegio de Geólogos confirma que un accidente marroquí afectaría a Canarias

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) afirmó ayer, sobre el petróleo localizado en el pozo Sidi Ifni Musa-1, en las proximidades de la ciudad turística de Agadir, en aguas territoriales de Marruecos, que aún es “muy pronto para valorar si será explotable”. “Hay que analizar en detalle las características geofísicas, las propiedades petrofísicas, la permeabilidad, la capacidad productiva y estudiar su viabilidad económica, pero hay indicios evidentes para un aprovechamiento futuro”, explicó. “Eso sí, debido a su proximidad a la costa de Canarias, unos 200 kilómetros, en caso de algún hipotético y poco probable accidente, con escape de crudo, posiblemente las islas serían afectadas”, subrayó el ICOG. Recordó que la normativa medioambiental y técnica europea vigente en España es “mucho más garantista que la de Marruecos en hidrocarburos”. En concreto, en España la búsqueda y explotación de petróleo están reguladas por la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Evaluación Ambiental, “una de las más garantistas con el medio ambiente de las que existen en el mundo”, según indicó. Por ello, el Colegio cree que se debe obligar a las empresas a cumplir “estrictamente” la legislación para que no se produzca impacto ambiental o que sea mínimo en el medio ambiente y en la actividad económica de Canarias.