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El PP quiere que se conozca “todo” lo que trata el Consejo de Gobierno

   
Australia Navarro y Emilio Moreno, diputados del PP en el Parlamento canario. | SERGIO MÉNDEZ

Australia Navarro y Emilio Moreno, diputados del PP en el Parlamento canario. | SERGIO MÉNDEZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La transparencia con persianas es como un balcón cerrado, que entra claridad pero no se renueva el aire. En un ambiente viciado por la polvareda que levantan los casos de corrupción que van saliendo de debajo de las alfombras del poder a menos de un año de las elecciones legislativas, el PP se ha empeñado en borrar cualquier mancha de sospecha. “Útil, exigente y que nos comprometa a todos”. Así quiere el Grupo Popular que sea la ley que se tramita en el Parlamento de Canarias.

Entre las mejoras que propone respecto de la norma básica nacional, una de sus 18 enmiendas registradas ayer plantea que se haga público el orden del día de las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, “sin perjuicio del secreto o reserva de las deliberaciones”. El PP también sugiere que se publiquen “todos” los acuerdos, “de conformidad con el marco jurídico”, además de los firmados con las organizaciones empresariales y sindicales. Se trata de “alcanzar un nivel óptimo en la información institucional”, explicaron en rueda de prensa la portavoz, Australia Navarro, y el diputado Emilio Moreno al detallar las modificaciones aportadas. Otra iniciativa que el partido mayoritario de la Cámara regional brinda al consenso consiste en desnudar la trayectoria académica de “las personas que desempeñan altos cargos en los departamentos o consejerías” de la Administración y del personal eventual (de confianza, básicamente).

Junto al perfil, se especificarían los “méritos acreditados” y las actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad. En el régimen sancionador, para las infracciones graves o peor, el PP añade el “reintegro total o parcial de las ayudas o subvenciones otorgadas y, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido”. Aparte de la destitución, ya prevista por el Ejecutivo, se incorpora la inhabilitación por un periodo de hasta tres años.

El 10 septiembre, el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola (PSOE), y los populares sentaron las bases del entendimiento en torno a la Ley de Transparencia. Entonces se decidió extender su aplicación a las corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos) y, excluida la oficina del Diputado del Común de las tareas de supervisión de la ley, el PP avanzó la idea de que esta tarea correspondiera al Parlamento. Ahora, la concreta con la creación de una comisión permanente bajo la presidencia de alguien de la oposición.

ong>Navarro: “Tolerancia cero ante la corrupción”
Con la corrupción política, “tolerancia cero”. Esta es la consigna que, a modo de paraguas, exhibe el PP ante el chaparrón jurídico que se le viene encima. Así como la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se siente “tan escandalizada como los ciudadanos” por estas “malas prácticas” y asegura que la dirección del partido “trabaja sin descanso” para que esto no se repita “jamás”, la portavoz del grupo popular canario, Australia Navarro, salta de “indignación” cuando escucha las noticias que trascienden a la sombra, o al calor que más calienta, de gente vinculada al PP. “Aquí no tiene cabida nadie que meta la mano en la caja común”, profirió ayer al ser preguntada precisamente sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. “Dejemos que actúe la justicia, caiga quien caiga”.

Desde Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria fue tajante. “La ley debe ser ejecutada con toda contundencia”, proclamó el líder del PP en las Islas. Como dijo el domingo Mariano Rajoy, “unas pocas cosas no son 46 millones de españoles”. Seguro que no.