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El Gobierno de Canarias incluye las ‘prospecciones’ en la pregunta

   
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, respaldado por representantes políticos y colectivos sociales. / SERGIO MÉNDEZ

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, respaldado por representantes políticos y colectivos sociales. / SERGIO MÉNDEZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

“¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Ya está formulada la pregunta de la consulta a la ciudadanía, que ha sido convocada para el 23 de noviembre. Ahora falta conocer la respuesta del Gobierno de la nación, que esta misma semana instó al Tribunal Constitucional a suspender de manera cautelar los decretos del referéndum encubierto promovido por los separatistas catalanes.

Con este enunciado, aprobado ayer, Paulino Rivero reta a Mariano Rajoy a actuar “en consecuencia”. El entrecomillado es del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que no desaprovecha ninguna oportunidad para remarcar la línea roja.

Rivero compareció en el patio de la sede de la presidencia respaldado por algunos de los representantes políticos y de colectivos sociales con los que se había reunido minutos antes. Sin ninguna bandera a sus espaldas, el jefe del Ejecutivo regional enarboló el “sentir mayoritario” de la sociedad isleña en contra de los sondeos permitidos a Repsol para buscar hidrocarburos en aguas del entorno de Lanzarote y Fuerteventura. “Hay una fractura entre lo que piensa el Estado [la Administración general] y las instituciones canarias”. El mandatario invocó el “apoyo unánime” del Consejo Consultivo al reglamento del artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana, que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el miércoles junto al decreto del registro, para defender la legitimidad, la legalidad y la “fortaleza” de la normativa. Se trata, enfatizó, de que “los canarios hablen” ante un “asunto relevante” que, insistió, “pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones”. Es más, arguyó que los propios estudios de la petrolera advierten del peligro. “Las prospecciones entran en confrontación con el modelo de desarrollo basado en el turismo y los valores naturales”, sentenció Rivero.

Este mecanismo se activó tras la negativa silenciosa de La Moncloa a la petición de referéndum que el Parlamento autonómico emitió el 9 de junio al término del debate de la comunicación gubernamental, que incluía esta formulación: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”.

La pregunta está “pensada” para que el 23N haya consulta, remachó Paulino Rivero.

Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse en un registro para votar

El reglamento de las consultas a la ciudadanía no deja lugar a dudas sobre su alcance: “Interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Las prospecciones petrolíferas no lo son. Sin embargo, el Gobierno regional (CC-PSOE) alega que el turismo y el medio ambiente entran en su ámbito de actuación.

Aunque el Consejo Consultivo hace constar en su dictamen que la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana excluye las preguntas directas, el decreto en cuestión establece en su artículo 9 que la opinión de la ciudadanía “podrá recabarse mediante la formulación de una o varias preguntas directas, con el objeto de que los llamados a participar en la consulta manifiesten su parecer de forma afirmativa o negativa”.

Las consultas pueden contener una o varias preguntas, “cuyo texto deberá ser redactado de manera clara y sencilla, y ser formuladas de manera sucinta, inequívoca y fácilmente entendible por las personas y entidades ciudadanas llamadas a participar en la convocatoria”.

Si bien las respuestas podrán enviarse vía telemática, Paulino Rivero confesó ayer que prefiere que la movilización se visualice mediante la asistencia masiva a los puntos de votación presenciales habilitados para el ejercicio de este derecho. En cualquier modalidad, tanto las personas físicas mayores de 16 años y residentes en Canarias como las jurídicas deberán inscribirse en un registro.