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Una pregunta de vergüenza, un simulacro de consulta – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Ya tenemos pregunta para la consulta sobre las prospecciones petrolíferas. Incluso fecha para la celebración de ésta, el 23 de noviembre. Y publicada la correspondiente convocatoria, vía decreto, en el Boletín Oficial de Canarias, BOC. Todo, en apariencia, muy legal, muy constitucional, muy estatutario. Y con una explicación oficial sublime: La opinión de la ciudadanía es “imprescindible para poder desplegar y orientar adecuadamente las políticas de los distintos poderes públicos en el ámbito competencial de Canarias como ente dotado de autonomía para la gestión de sus propios asuntos”, según afirma el Ejecutivo autonómico en el BOC sin que se le caiga la cara de vergüenza.

Nada menos que 32 años, desde que nació la autonomía en agosto de 1982, ha tardado el Gobierno en darse cuenta de la trascendental importancia de la opinión de los ciudadanos. Hay que ver cómo cambian los tiempos. Hoy todo es sensibilidad, receptividad, contar con la gente, procurar la transparencia, estar abierto a iniciativas y colaboraciones. Lástima que hasta ayer mismo no fuera así. Lo acredita, por citar un ejemplo, el ninguneo sistemático de las iniciativas populares presentadas en el Parlamento, donde los partidos que apoyan al Ejecutivo se encargan, al menos hasta ahora, de no encauzar las aspiraciones e iniciativas de unos cuantos miles de ciudadanos sobre distintos asuntos que les afectan.

Y lo demuestran también, y muy fehacientemente, las encuestas periódicas realizadas por el Centro de Iniciativas Sociológicas (CIS) o por distintas empresas encargadas de pulsar el parecer de los ciudadanos. Estos sondeos de opinión revelan un trimestre sí y otro también que las preocupaciones de los residentes canarios se centran especialmente en tres asuntos muy concretos: el paro, la pobreza y la corrupción. A cierta distancia figuran las listas de espera sanitaria y a mucha, pero mucha, se citan otras cuestiones, como el fracaso escolar, el mal estado de las carreteras, la suciedad de ciudades y pueblos, la carestía de la cesta de la compra y -oh casualidad- las prospecciones petrolíferas.

Preguntas y antecedentes
Si tanto interés suscita en el Gobierno autonómico la opinión del pueblo isleño, ¿por qué no tiene en cuenta la que mayoritariamente expresa la gente y que, como digo, se refiere al paro, la pobreza y la corrupción? ¿No constituirá una maliciosa -o cuando menos políticamente interesada- interpretación de la realidad el trasladar al primer lugar de las preocupaciones de la mayoría un asunto que para muy buena parte de los habitantes de esta tierra no representa mayor desvelo? ¿Qué se pretende con esta alevosa manipulación? Cualquier Gobierno que se precie debe procurar la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. En tal sentido está obligado a utilizar y aprovechar los máximos recursos a su alcance -humanos, naturales y de toda índole- y generar con todos ellos el máximo beneficio posible para satisfacer las necesidades de la gente, en particular la más desprotegida.

Alterar el orden lógico de prioridades a la hora de abordar los problemas de la comunidad autónoma no digo que constituya una desviación de poder, pero sí parece una grave falta de sentido común. ¿Puede haber en Canarias algo más preponderante que combatir el desempleo y la pobreza y luchar contra todas las formas de corrupción? ¿Por qué se dilapidan entonces tiempo y dinero cuando ambos son necesarios para otros esfuerzos que atiendan mejor las urgencias reclamadas por la ciudadanía? Hace tiempo, en torno a tres años, que en las Islas asistimos a un enfrentamiento visceral y sistemático, me atrevo a decir que a cara de perro, entre dos de nuestros políticos más relevantes: Paulino Rivero y José Manuel Soria o José Manuel Soria y Paulino Rivero. No se pueden ver. No se soportan. Se odian. Ni se entienden, ni son proclives al diálogo entre ellos mismos. No quieren coincidir en nada. A mí me importa un bledo que caigan tan bajo en sus relaciones personales y humanas; allá ellos y sus conciencias respectivas. Pero condeno sin paliativos su proceder en lo que atañe a las relaciones institucionales, ya que malamente guardan las formas, lo que repercute, quiérase o no, en las relaciones entre los gobiernos canario y central. Y así nos va, claro.

Ese enfrentamiento se ha llevado a todos los planos de la política. Por extensión, se ha enquistado en las relaciones entre los gobiernos central y autonómico. Y se ha traducido en declaraciones cargadas de mala intención, de agresividad, de confrontación pura y dura, incluyendo no pocos recursos, algunos de inconstitucionalidad, contra resoluciones dictadas por el Ejecutivo de Rajoy. Este clima áspero y conflictivo, visualizado en reuniones y entrevistas -salvo aquellas en que participa la ministra de Fomento y/o sus representantes-, ha hecho un grave daño a Canarias, que posiblemente por tal motivo sufre más recortes de los normales a la hora del reparto presupuestario. La política tiene tiene también cloacas y lados oscuros y mucho me temo que las cifras que reflejan las cuentas del Estado tienen mucho que ver con la falta de entendimiento leal entre ambos gobiernos. Cuando se planteaban cuestiones de esta naturaleza, Francisco Ucelay solía decir que Coalición Canaria nunca debía enfrentarse al Gobierno central, sea cual fuere su color, porque siempre, inexorablemente, llevaría las de perder. Por tal motivo apelaba al pacto y al “entendimiento sistemático con Madrid”, fuera o no necesario el voto nacionalista para dar estabilidad al Ejecutivo central. Desde que Soria abandonó el anterior Ejecutivo autonómico, en un clamoroso error de cálculo, ya se sabía que el PP, salvo milagro -y en política los prodigios no suelen darse-, pasaría una muy larga temporada en la oposición. Lo impensable es que el Gobierno autonómico decidiera enfrentarse sistemáticamente a Rajoy y su gente cuando disponen de una confortable mayoría absoluta. Las consecuencias de semejante torpeza están a la vista y las sufrimos todos los canarios.

La consulta sobre las prospecciones petrolíferas forma parte de ese paisaje de rivalidad y confrontación. Con el respaldo del Parlamento autonómico y de otras instituciones, el Gobierno de Canarias ya planteó al Consejo de Ministros, en febrero pasado, la solicitud de permiso para celebrar un referéndum sobre las catas petroleras. Al tratarse de una solicitud manifiestamente ilegal, por tratarse de un tema en el que la comunidad autónoma no es competente, desde Madrid ni siquiera se contestó al requerimiento. En vista de lo cual, el Ejecutivo de Rivero decidió tirar por la calle del medio y, al amparo de la Ley de Participación Ciudadana, acordó convocar una consulta -ya no hablaba de referéndum- sobre el mismo tema.

Se trata de una pregunta tramposa, amañada, fullera, engañadora, para tratar de evadir la legalidad vigente. Tan es así que, por ejemplo, el presidente Rivero, al comparecer ante los medios informativos con el Gobierno en pleno, tras celebrar éste un Consejo extraordinario, dijo que la pregunta que se haría es: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras Islas?”. Ocho meses después, la pregunta, como es sabido, ha quedado así: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”.

Trampas y equívocos
El nada sutil, por descarado e insolente, cambio realizado en pregunta revela a mi juicio un inequívoco fraude de ley, un indudable afán de engañar y manipular, pensado que así se interroga a los ciudadanos sobre cuestiones como el turismo y el medio ambiente, sobre las que sí tiene competencias la comunidad autónoma, cuando en realidad lo que importa al Ejecutivo canario es el petróleo. Así está acreditado en reiteradas intervenciones públicas del presidente Rivero, por cierto el máximo responsable del turismo en Canarias; del vicepresidente Pérez, encargado último del medio ambiente; del comisionado Ríos, habitual liante de enredos políticos, y otros urgentes públicos.

Con estos antecedentes, lo normal es que el Gobierno Rajoy plantee recurso ante el Tribunal Constitucional contra la consulta decidida por el Gabinete de Rivero, tal y como miembros de éste ya apuntan en privado. Con su simple admisión a trámite, tal consulta quedará automáticamente paralizada hasta tanto se pronuncie sobre el fondo del asunto, un año o incluso más. Con lo cual llegaremos a las elecciones de mayo con las perforaciones petroleras ya realizadas -sabiendo incluso si hay o no petróleo y si, de existir, su extracción es rentable-, el referéndum en el congelador y con los nuevo dirigentes de CC y PSOE gravemente hipotecados con un asunto traído a colación por intereses personales y políticos que no concuerdan con los de los ciudadanos.

Termino por hoy. Prefiero dejar para otro día el tema de los modelos turístico y medioambiental que dice tener el Gobierno canario y que hasta ahora nos han llevado a tasas de paro superiores al 33%. Y las prospecciones de Marruecos. Y los costos de la consulta. Y la elaboración y fiabilidad de los censos. Y la utilidad de la pregunta que se pretende hacer, que por no gustar no agrada a los ecologistas ni al mismísimo presidente Rivero. Siempre quedará la posibilidad de lanzar pullas y ataque al PP y a su Gobierno y acusarlo de antidemócrata, cobarde y tropecientas cosas más. Y todo por defender la legalidad, el interés general y hasta el sentido común.