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El presidente detrás de la pancarta – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Es lo que faltaba en el carnaval de las prospecciones petrolíferas: el presidente del Gobierno de Canarias colocado detrás de la pancarta, junto a una veintena de ecologistas, ante el Congreso de los Diputados y, por ende, en una concentración no autorizada. Sin sopesar su imprescindible sentido de la responsabilidad, seguramente Paulino Rivero sólo perseguía posar para la posteridad, hacerse la foto y exteriorizar su protesta. No digo, Dios me libre, que pretendiera hacer el ridículo o manifestar su insignificancia política en ese momento, pero la triste realidad es que transmitió esa sensación; por lo menos así me pareció a mí al verle en una actitud que le empequeñece y le deja a la altura de un pancartero.

No acabo de entender esta huida presidencial hacia ninguna parte, en una especie de pérdida de ecuanimidad y credibilidad que le llevan inexorablemente al suicidio político. Me parece legítimo que diga ‘no’ a las exploraciones petrolíferas si con esa postura, que muchos no compartimos, entiende mejor la defensa de los intereses canarios; pero tal actitud debe mantenerla desde la dignidad que le otorga su cargo, con la compostura y el talante adecuados y mediante el uso del comedimiento y la prudencia en la utilización de la palabra, nunca en situaciones de algarabía, mezclándose con activistas en un alboroto ilegal y ofreciendo luego un discurso en la que viene siendo últimamente su desnortada línea habitual al calificar el trato del Gobierno central de “colonial”, “atropello” y “humillante” y amenazar con problemas “serios”, “desafecciones” y derivas muy graves.

A todo ello volvió a aludir esta misma semana en el Parlamento de Canarias con frases de grueso calibre, impropias en un presidente de Gobierno obligado a intentar solventar por otras vías sus desencuentros con el Ejecutivo central e incongruentes en el líder de una formación política que siempre se ha caracterizado por seguir una línea inequívocamente constitucional.

La cuestión no es baladí porque coincide con momentos políticos muy delicados ante las reivindicaciones soberanistas existentes en Cataluña. Aunque el asunto de las prospecciones petroleras nada tiene que ver con independentismos canarios -políticamente, electoralmente, socialmente irrelevantes-, ni tampoco casa con ellos la consulta popular que propugna el Gobierno de Rivero, es lo cierto que se da una sincronía reivindicativa en el tiempo que preocupa en Madrid, pero también en las Islas. Aquí, además de un PP herido y agraviado en todos los frentes, varios dirigentes de PSOE y CC, en público y en privado, se han desmarcado de las posiciones que mantiene Rivero, incluida su aspiración de replantear, tras 500 años de vida en común, el modelo de relaciones con el Gobierno central para “distanciarse” del Estado, así como la consulta popular misma, por su aparente fraude de ley, y hasta la pregunta que plantea, por su corte sectario y manipulador.

Confrontación pura y dura
Sorprende en Paulino Rivero, que hasta que surgió el asunto del petróleo en Canarias tenía crédito, y buena imagen en los ambientes políticos madrileños -donde se recuerda su meritorio papel institucional en la comisión del 11M-, haya caído en una deriva populista, pensando quizás que así podría ganarse el favor de la gente. No ha ocurrido tal cosa e incluso su propio partido le ha apartado de la batalla electoral. Y es precisamente ahora, en la fase final de su mandato, cuando el presidente abre nuevos conflictos internos en CC y externos con el PSOE -que ya se cansa de sus amagos independentistas y sus confrontaciones con el Gobierno de Rajoy- y, sobre todo, con el PP, del que, visto lo visto, va a resultar imposible obtener la más mínima concesión, sea política, económica o social. Es lo que tienen los enfrentamientos sistemáticos con el poder establecido: pasan factura en todos los terrenos. Ya lo dio a entender el propio Rajoy cuando esta misma semana llamó al Ejecutivo autonómico a no hacer “demagogia” sobre el petróleo, tras recordarle sus contradicciones internas al respecto y las verdades del barquero sobre su compatibilidad con turismo y medio ambiente. En la cuestión petrolera, desde el principio el presidente Rivero prefirió salir en tromba, destapar la caja de los truenos y entablar una batalla de declaraciones institucionales, recursos judiciales, impugnaciones políticas y confrontaciones directas con el Gobierno central y con Repsol, cabeza visible del proyecto como firma operadora del permiso administrativo. Además, estimuló a las organizaciones ecologistas para que se opongan al petróleo, fomentó las protestas populares, llevó el asunto a la UE y a la ONU; en suma, se lanzó en tropel contra todo lo que huele a hidrocarburos. Nunca nadie hizo las cosas con tanta fijeza obsesiva ni tanta osadía, ni dividió tanto a los canarios sobre una cuestión que -lo dicen todas las encuestas- apenas preocupa a los ciudadanos en comparación con el desempleo, la crisis económica, la pobreza, la corrupción, el fracaso escolar o las listas de espera sanitaria.

En un tremendo error de cálculo y por ausencia de buen juicio, pero también por mal asesoramiento, el presidente Rivero persiste aún en el error y, en un afán desmedido y hasta tremendista, contrapone el petróleo al desarrollo turístico e incluso a la desalación de agua de mar, ignorando multitud de ejemplos que en todo el mundo prueban lo contrario y demuestran la perfecta compatibilidad de estas actividades, a condición, como es lógico, de que se cumplan las leyes medioambientales vigentes. Nadie renuncia a extraer petróleo por miedo a un accidente fortuito, como nadie deja de viajar en avión por temor a un percance. Pero el presidente, si pudiera, trataría de uniformar a todos, imponiendo el pensamiento único con el ‘no’ por bandera, y utilizándolo con fines partidistas y divisores.

Una batalla perdida
En estas condiciones, cuando se cierran vías de diálogo en Madrid y Bruselas y se pierden todos los recursos judiciales y todas las batallas políticas -hasta ahora, no ha prosperado ni una sola impugnación ante los tribunales, ni tampoco ha ganado ninguna votación en ninguna instancia de poder- se perjudican los intereses generales de la Islas que se dice defender. Ni siquiera la contienda por ganarse a la opinión pública está clara para el Ejecutivo autonómico. Mientras, en la prensa nacional, siguen las críticas -algunas extremadamente duras- a Rivero y su Gobierno, al menos en los casos de ABC, El Mundo y El País, por no citar la prensa digital, en tanto en la local cada vez son más frecuentes los artículos que cuestionan la dirección que ha impuesto el Gobierno al tema petrolero. Pero lo más descorazonador es la persistencia en el error. Ahora se anuncia más pérdida de esfuerzos, tiempo y dinero, con nuevos recursos judiciales que, por supuesto, no paralizarán la actividad de Repsol, ni prosperarán ante las instancias correspondientes. El mismo presidente da a entender que la consulta popular se celebrará el 23 de noviembre porque el Tribunal Constitucional recogerá los argumentos del Gobierno canario ya que son “jurídicamente irreprochables”. Va a ser que no y, como todos los anteriores, se irán a pique. También se dice que hay que dejar votar al pueblo porque en eso consiste la democracia.

Otra falsedad más. Votar es, desde luego, un ejercicio democrático, pero poquísimos países acuden al referéndum o la consulta. Antes que el voto está el imperio de la ley y aquí todos sabemos, incluso el Gobierno aunque dice lo contrario, que en ninguna comunidad autónoma se pueden someter a votación asuntos sobre los que -es el caso del petróleo- no se tienen competencias. Lo que pasa es que interesa apuntar a Madrid, buscar el enemigo hacia el que volcar la crítica -aunque, lo he dicho otras veces, el Gobierno de Rajoy lo ha hecho fatal en el asunto petrolero, por falta de diálogo, respeto y sensibilidad hacia Canarias- y hablar de lo que no desgasta electoralmente, en vez de centrarse en las verdaderas necesidades de los ciudadanos. La propia consulta está trufada de irregularidades. No cuenta con garantías jurídicas, ni procedimientos reglados sobre emisión de voto, escrutinio y resolución de reclamaciones. El posible censo es una entelequia y a día de hoy ni existe ni tiene posibilidades de ser confeccionado en tiempo y forma; todo se basa en el voluntarismo. No se ha reglamentado la campaña electoral ni designado la autoridad encargada de vigilar todo el proceso, ni garantizado la obligada neutralidad de los medios informativos públicos. Incluso sabiendo que no se va a celebrar la consulta, el Gobierno sigue erre que erre con la misma matraquilla. No hay más ciego que el que no quiere ver. Pero “lo peor, como decía Ramón y Cajal, no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.