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Primer paso del Gobierno de Rajoy para suspender la consulta popular

   
Enrique Hernández Bento y Soraya Sáenz de Santamaría. / DA

Enrique Hernández Bento y Soraya Sáenz de Santamaría. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha dado ya el primer paso para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la consulta popular convocada para el 23 de noviembre por el Ejecutivo canario sobre las prospecciones de Repsol. Lo anunció ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que, como paso previo, se ha solicitado un dictamen urgente al Consejo de Estado sobre este asunto, según informó Europa Press.

La numero dos del Gobierno nacional precisó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el órgano consultivo se pronunciará sobre el decreto del Ejecutivo canario dictado 6 de octubre que da luz verde al reglamento de consultas a la ciudadanía “en asuntos de interés general de competencia de las comunidades autónomas”.

También deberá dictaminar el Consejo de Estado sobre otro decreto aprobado el 2 de octubre por el gabinete de Paulino Rivero por el que se convoca la consulta para el 23 de noviembre. El dictamen debe ser emitido antes del 24 de octubre.

Presentado el recurso, el Constitucional suspenderá de forma automática, por cinco meses, la consulta, y luego deberá dirimir si levanta la suspensión hasta resolver el fondo del asunto.

La pregunta que el Gobierno de CC y PSOE quiere formular es la siguiente: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Una pregunta que no dudó ayer en tachar de “mentirosa y tramposa” el subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, quien, en declaraciones a este diario, consideró que se formula “ en un claro y evidente fraude de ley, porque al final se pregunta por una competencia exclusiva del Gobierno de España, aunque la quieran disfrazar de competencia propia”.

A juicio del número dos del ministerio que preside José Manuel Soria, la cuestión además “parte de una premisa falsa, porque unos sondeos exploratorios no van a cambiar el modelo turístico y ambiental de Canarias, como tampoco lo han hecho los más de 600 que se han hecho en España ni tampoco los cinco en Marruecos al otro lado de la mediana”. Para el alto cargo estatal, el fraude de ley se produce en tanto en cuanto “se usa una norma para conseguir un fin distinto a lo que se persigue con esa norma”, ya que “la primera pregunta que planteó el Gobierno canario la tuvo que cambiar porque se convenció de que era imposible plantearla, y ahora ha buscado otra, y ha dicho públicamente que para preguntar lo mismo”: sobre las prospecciones.

Hernández Bento es “consciente de que una parte importante de la sociedad en Canarias está en contra de las prospecciones”, pero a renglón seguido atribuyó parte de este rechazo social a “la campaña política, de desinformación, que ha hecho el Gobierno canario, usando servicios y recursos públicos”. Desde su punto de vista, “que la gente se manifieste contra algo que no existe, pues no sabemos aún si hay petróleo, es una prueba evidente de esa campaña”.

Dicho esto, el subsecretario se preguntó “qué pasará si se encuentra gas, si también el Gobierno canario estaría en contra”. “Todo esto es una cuestión política, y quieren seguir malgastando dinero público en una consulta”, remachó.

Ríos: “El PP quiere tapar la boca a los canarios”

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El comisionado del Ejecutivo canario para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, acusó ayer al Gobierno estatal de querer “tapar la boca” a los ciudadanos del archipiélago, tras la decisión del Consejo de Ministros de dar el primer paso para recurrir la consulta sobre las prospecciones de Repsol. Para Ríos “revela un talante profundamente antidemocrático” al considerar que “no se centra en cuestionar aspectos concretos de la pregunta, sino que se recurre la misma convocatoria de consulta”. En el lado opuesto se sitúa el ministro José Manuel Soria, que ayer insistió en que no se va a hacer ninguna consulta “ilegal” sobre las prospecciones en Canarias. “Como quiera que la Abogacía del Estado ya ha visto aspectos claramente ilegales en uno y otro decreto, el Consejo de Ministros ha solicitado informes al Consejo de Estado para, después, llevar de nuevo al Consejo de Ministros la autorización para interponer recurso de inconstitucionalidad”, manifestó en declaraciones recogidas por Europa Press.