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Rivero espera que el TC permita la consulta y anule las prospecciones

   

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, subrayó ayer que la consulta popular prevista para el 23 de noviembre sobre las prospecciones de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas “se llevará a cabo” a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) la suspenda cautelarmente durante cinco meses si la recurre el Ejecutivo estatal , porque está “convencido” de que cumple “con la legalidad” y así espera que lo ratifique al final esta instancia judicial.

Además, el mandatario también recordó que el Gobierno canario mantiene la “batalla abierta” en el ámbito jurídico ya que, a su juicio, las prospecciones vulneran ocho normativas europeas. Asimismo, avanzó que, tras presentar un recurso ante la Secretaría de Estado de Energía, si es necesario su Ejecutivo también acudirá a la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de los sondeos.

Así lo manifestó Rivero durante un acto celebrado en Madrid ante el Congreso de los Diputados para pedir la paralización de este proyecto, junto a los respectivos presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés y Mario Cabrera, cargos públicos y representantes de organizaciones empresariales, sociales y políticas de España y Europa, incluyendo las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, informó Europa Press. En el acto de ayer, el mandatario regional reiteró su rechazo a las prospecciones autorizadas a Repsol en alta mar frente a Lanzarote y Fuerteventura: “Defenderemos con toda nuestra energía y fuerza que no se hipoteque nuestro futuro y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para impedirlas; con el oído puesto en la sociedad canaria, llegaremos hasta donde la sociedad nos quiera llevar”. Rivero hizo hincapié en que la “falta de respeto” y “desconsideración” que muestra el Gobierno de Mariano Rajoy con el pueblo canario “al ignorar sus intereses y primar los de una empresa privada como Repsol, está generando un problema serio” y un “ambiente de desafecto” con el Estado en Canarias y, con ello un “problema” en las relaciones de las Islas con el Estado”.