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GRANADILLA DE ABONA >

“Sería un delito autorizar así el agua a las casas de La Jurada”

   
Los residentes okupas hicieron público el lunes su situación de desamparo. / NORCHI Nadie diría que se trata del dormitorio de un okupa. / NORCHI Dos mujeres muestran con orgullo las reformas que han realizado en las viviendas. / NORCHI
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Dos mujeres muestran con orgullo las reformas que han realizado en las viviendas. / NORCHI

NORBERTO CHIJEB | Granadilla de Abona

Más de un centenar de okupas en dos edificios de viviendas en la zona de La Jurada, en San Isidro, permanece desde el viernes sin agua después de que la empresa concesionaria Entemanser sellara a cal y canto -cemento y revuelto, para ser exactos- los accesos a las tomas, mientras un carricoche ofrece a los okupas 1.000 litros de agua a 20 euros.

Las 78 viviendas del complejo que fue cedido por una constructora en quiebre a los bancos, se han convertido desde hace un año en el cobijo de otras tantas familias, algunas de ellas con niños pequeños, muchas de las cuáles siquiera están empadronadas en Granadilla, uno de los problemas a la hora de solicitar ayuda o un alquiler social.

El alcalde, Jaime González Cejas, ha lamentado que se haya llegado a esta situación, al afirmar que “estamos atados de pies y manos porque no podemos autorizar el servicio de agua, porque sería un delito, al menos que nos lo permita el juzgado”, añadiendo que “si fuera así estaríamos encantados de ayudar a esta gente”, comentó el edil, que reconoce que “no conozco la situación real de todos los que viven en esta urbanización”.

Sin embargo, algunos de los okupas manifestaron el lunes, cuando una comitiva de Izquierda Unida-Sí se puede les visitó, que “nos hemos reunido varias veces con el alcalde y el Ayuntamiento nos ha dejado tirados, lo único que falta es que llegue la policía y nos saque a patadas de aquí”, comentaba uno de los afectados.

“Nos han dejado tirados; lo único que falta es que llegue la policía y nos saquen a patadas de aquí”

Una mujer, que nos mostraba orgullosa su casa reformada gracias al rastro y al chatarreo, “muchas de nosotras tenemos niños y es imprescindible que tengamos agua; nosotros no queremos robarla, sino que nos pongan contadores, que ya se encargará cada familia de pagarla”.

Al igual que el alcalde, el concejal de Servicios Municipales, Juan Rodríguez Bello, recuerda que “en más de un pleno municipal hemos pedido a los bancos que nos permitan administrar las casas vacías y gestionarlas como alquiler social; el Estado tiene que legislar cuanto antes en este sentido”, comentó el concejal.

Rodríguez Bello afirmó que la orden de cortar el agua partió de la empresa concesionaria, “al detectar un gasto donde no hay propietarios, algo que le puede pasar a cualquier vecino que no pague los recibos”, comentó.

“La solución -añadió- es compleja, porque para recibir el agua tienen que ser propietarios o inquilinos y esas personas reconocen que están ahí de manera ilegal o alegal”, comentó Juan Rodríguez, para recordar que “nosotros no podemos actuar de puertas para adentro y es un asunto preocupante por la cantidad de edificios abandonados, en manos de bancos, que hay en San Isidro, incluso ya comenzamos a tener okupas en la zona de Los Hinojeros”, finalizó.