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Tarjetas opacas – Por Leopoldo Fernández

   

El escándalo de las tarjetas opacas que utilizaban, en plan barra libre, directivos y consejeros de CajaMadrid (hoy Bankia) amenaza con extenderse a otras entidades que fueron rescatadas en su día y forzadas a fusionarse ante el calamitoso balance financiero que presentaban. Tanto alabar las bondades de la banca pública y resulta que estaba contaminada, emponzoñada, putrefacta, llena de golfos. Cuando se habla de intervención o rescate de la banca conviene resaltar que no se hace referencia a la privada, que en general goza de buena salud, sino a las cajas de ahorro, y no a todas, por supuesto -algunas estaban bien gestionadas y hasta ahora no se han descubierto irregularidades-, esas que Felipe González quiso socializar y democratizar en 1985, para lo cual dispuso, seguro que con la mejor buena fe, la entrada en sus órganos de gobierno de políticos, empresarios y sindicalistas. Por si eran pocos los tejemanejes descubiertos en la CAM, CajaSur, CajaSol, CaixaGalicia, la Caja de Castilla la Mancha y CaixaCataluña, por citar un puñado de ellas, ahora salta la desvergüenza de las tarjetas opacas de CajaMadrid, donde 86 directivos gastaron alegremente, durante diez años, no menos de 15 millones de euros. Este dinero -unas veces en efectivo, otras para pago de restaurante, viajes, compras en supermercados y grandes almacenes, etc.- tenía procedencia irregular, no se contabilizaba o se hacía de manera nada ortodoxa, y ni siquiera tributaba a Hacienda. No me atrevo a afirmar que una conducta de esta naturaleza sea delictiva o dolosa -ya lo dirán los tribunales de justicia, que estos días han abierto una investigación al respecto, y el propio Ministerio de Hacienda. Pero cuando menos estamos ante una forma de corrupción con la que los máximos gestores de CajaMadrid se garantizaban estabilidad en sus puestos a cambio de prebendas y canonjías imperdonables. Lo más curioso es que quienes participaron en esta especie de compra de voluntades o favores políticos mediante compensaciones o beneficios atípicos proceden del PP, el PSOE, IU, CEOE, CC.OO, UGT y organizaciones independientes en una especie de tótum revolútum del que nadie queda libre. Lo cual dice muy poco de nuestros representantes públicos y obliga a preguntarse hasta dónde llega tanta desvergüenza y si no sería obligado abrir una investigación en todas las cajas, fusionadas o no, para depurar eventuales responsabilidades. Dado el olor a podrido que llega desde los aledaños de poder, resulta de la máxima urgencia que la honradez, la transparencia, la ejemplaridad y el sentido del deber sean la base sobre la que se asiente la gestión de los asuntos públicos, y las cajas de ahorro eran y son aún cosa de todos y de interés general.