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Venezuela – Por Leopoldo Fernández

   

En defensa de los intereses de la colonia española, en buena parte de origen canario, el Gobierno guarda un prudente silencio después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara la revisión de “todas sus relaciones con España” y llamara a consultas al embajador del país en Madrid, en gesto que se considera equivalente a una expresa manifestación de desagrado; en el ámbito internacional suele interpretarse, además, como previo al eventual rompimiento de relaciones diplomáticas. La razón de esta hostilidad, anunciada por Maduro con su habitual verborrea insultante, obedece a la entrevista que celebró el presidente Rajoy, en la sede central del PP, con Lilian Tintori, esposa del hoy líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, a quien el régimen heredero del chavismo mantiene encarcelado desde febrero por considerarlo responsable moral y material de los “ataques terroristas” (así llaman Maduro y sus compinches las manifestaciones populares contra la falta de libertad, seguridad y alimentos básicos en el país) de principios de año, que causaron cerca de medio centenar de muertos y miles de heridos y detenidos en distintos actos de protesta. Rajoy tuvo buen cuidado de celebrar la entrevista fuera de la Presidencia del Gobierno, para que se visualizara que la llevaba a cabo como presidente del PP, no como jefe del Ejecutivo, y en su curso trasladó a la señora Tintori su preocupación y la de la UE por las condiciones en que pueda desarrollarse el juicio contra López, así como sobre la necesidad de que se respeten en el país los derechos de reunión y manifestación pacíficas y la libertad de expresión. Todo esto lo considera Maduro una injerencia en los “asuntos internos” venezolanos y “un acto inamistoso y de apoyo a los grupos de ultraderecha” y a los responsables de los “ataques terroristas” que, sin embargo, varios organismos internacionales identifican con chavistas organizados y miembros de la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército. No es la primera vez que el oficialismo ofende al Gobierno español; ya pasó con Chaves y en abril pasado con Maduro -incluida la retirada del entonces embajador en Madrid-, cuando el Ejecutivo de Rajoy dijo que tomaba nota de la victoria electoral de Maduro y, vista su estrechez, abogaba -como otros gobiernos e instituciones y finalmente así se hizo- por un nuevo recuento de votos. Lástima que el Gobierno venezolano se esfuerce tanto, con gestos de pavoneo chulesco, en buscar conspiraciones y culpas inexistentes en vez de enderezar el rumbo del país y acabar con el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, la falta de libertad y alimentos básicos, el cierre de emisoras de radio y televisión y el encarcelamiento de los opositores.