X
el dardo >

Vino canario – Por Leopoldo Fernández

   

Entre desconcertados y expectantes, estos días asistimos a una polémica encendida a cuenta de la importación de vino peninsular por parte de Bodegas Insulares Tenerife, S.A., empresa pública dependiente del Cabildo. Puede que no guste en la inmensa mayoría del sector vitivinícola tinerfeño, y por extensión en el canario, una compra de esta naturaleza, pero se trata de una operación perfectamente legal, no sancionable ni administrativa ni penalmente, a condición de que, para evitar el fraude, así se haga constar en el correspondiente proceso final de comercialización, ya se trate de vino embotellado, en garrafones o a granel. No obstante, durante muchos años el vino propio, pero sobre todo el importado -peninsular, chileno o de otras procedencias-, formó parte tradicional de nuestras ventitas y guachinches, dado su bajo precio; de calidad mejor no hablar, porque en ocasiones dejaba mucho que desear por las mezclas y los azufres que condicionaban su sabor. Precisamente, para acabar con esta picaresca y unir, para su mejor defensa y potenciación, los intereses del sector de la comarca Tacoronte-Acentejo, el Cabildo tinerfeño impulsó en 1992 la creación de Bodegas Insulares, sociedad a la que hoy pertenecen unos 600 socios y que tiene una capacidad de producción de 17.000 hectolitros al año. Pero esta misma empresa ha importado vino -otras privadas además han comprado y mezclado uva foránea- que luego combina y comercializa, sin denominación de origen, dando así lugar a caldos de baja calidad para mercados de segundo nivel, lo cual no parece lógico, aunque así se acordara hace unos años por su consejo de administración. Son muchos los intereses y denuncias -no siempre limpias y de buena fe- que se cruzan, mezclan y disputan en este asunto. Por eso sería bueno que se clarificaran las controversias antes de sustanciar eventuales responsabilidades políticas y poner coto a las posibles irregularidades, así como proceder a la tan necesaria como urgente reordenación de un sector estratégico, de gran interés agrario y paisajístico, a través de la Mesa del Vino. A medio plazo, pero no ahora, lo más razonable es la privatización de dichas bodegas. Se trata de un negocio en el que -como en el golf o los casinos- la Corporación insular ya cumplió su misión de unificar intereses, impulsar el cultivo de la vid y favorecer las nuevas técnicas y corrientes enológicas existentes en el mundo del vino local, capaz ya de competir en el mercado exterior y producir unos caldos de muy estimable calidad. Los excedentes de uva, dada la actual sobreproducción, la unificación de marcas y denominaciones de origen y la mejor promoción de nuestros caldos, son retos a los que aún debe hacer frente el Cabildo.