La auditoría a Aqualia enfrenta una vez más al Gobierno y la oposición

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

La auditoría a Aqualia, la concesionaria del servicio de agua potable en Puerto de la Cruz, volvió a enfrentar al Gobierno (CC-PP) y a los grupos de la oposición en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el lunes.

La mecha se encendió con la moción presentada por Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC), mediante la cual le requerían al Ejecutivo municipal que iniciara de forma inmediata la contratación para analizar la totalidad de la red y no solo la que corresponde a los tramos afectados por las restricciones de los últimos dos años, una vez que el procedimiento de contratación quedó desierto. Ello se debió a que ninguna de las cuatro empresas convocadas a participar presentó una oferta por una cuantía de 13.500 euros.

El portavoz de VxP, Jaime Coello, recordó que este estudio se viene posponiendo desde hace más de un año, por no decir dos. Fue el 20 de enero de 2013 cuando el concejal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso (PP), anunció por primera vez en sesión plenaria que el Ayuntamiento haría una auditoría externa a la empresa. El anuncio se hizo en plena “crisis del agua”, tras detectar un exceso de turbidez y restringir su consumo a unos 8.000 vecinos.

“Es extraño que en un lugar donde se está buscando trabajo se ponga un precio ridículo para hacer la auditoría”, declaró Coello. Asimismo, le reprochó a Lope Afonso el adjudicársela a la empresa pública Tragsa, “cuya delegada en Canarias es Luz Reverón, una militante del PP”, y le pidió que diera una fecha concreta para realizarla, ya que “por encima del interés de Aqualia está el de todos los portuenses”.

Fue la alcaldesa, Sandra Rodríguez, la primera en contestarle a Coello: “No tiene que recordar nada porque eso lo sé perfectamente”, declaró. Acto seguido lo hizo Afonso, quien le recordó que el gobierno “está haciendo todo lo que se le pidió porque quiere tener una radiografía del servicio que se presta”. Pero dijo que en Canarias no había antecedentes de este tipo y ello obligó a un complejo trabajo por parte de la ingeniera municipal para redactar el pliego de condiciones. También añadió que “está sometido a los costes del procedimiento administrativo, no a los de un grupo politico”.

Respecto a Tragsa, manifestó que se eligió porque tiene experiencia en la Península en hacer este tipo de trabajo y, por lo tanto, puede aportar los medios técnicos que se requieren.

Para Coello, “lo único cierto es que a día de hoy la auditoría no está hecha, ni de la mitad de la red ni de su totalidad”. Una afirmación con la que coincidió el portavoz del PSOE, Guillermo Pérez Pastor, quien además añadió que “el precio que se puso es muy bajo y ninguna empresa seria se presenta” a hacer una auditoría pese a que “es la única manera de equilibrar el contrato con Aqualia y por el camino que vamos indica que el problema se les escapa de las manos”.