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Barragán admite que “CC tiene un problema” pero cree que Clavijo debe seguir como candidato

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha reconocido este viernes que su partido “tiene un problema” tras la imputación de su candidato a la presidencia del Gobierno canario, Fernando Clavijo, pero consideró que mientras no exista apertura de juicio oral no hay motivos para plantear su renuncia a la candidatura. “Me inclino por esa línea, porque es la más justa”, manifestó en la sede parlamentario de su grupo el también diputado de CC, quien añadió además que esa es la recomendación que dan los juristas consultados por CC para elaborar el código ético que en noviembre aprobará el Consejo Político Nacional.

A su juicio, “una imputación puede ocurrir si un vecino denuncia al Ayuntamiento, porque considera que debe defender sus derechos”  y “si simplemente por ese hecho a alguien lo apartamos de la política, tendríamos dificultades para encontrar gente que optara a cargos a organismos donde más se suelen presentar denuncias, por ejemplo temas urbanísticos, y segundo, si lo denuncian y lo apartamos, quién querría ocupar el segundo puesto”.

En todo caso, anunció que será la comisión permanente de CC la que el lunes adoptará “las decisiones oportunas” y que mañana Clavijo informará primero a la organización en Tenerife, de la que es su presidente. Subrayó que ahora toca ser “prudentes” y decidir “teniendo en cuenta toda la información disponible sobre la mesa”, aunque dijo ser “consciente” de que “habrá que dar una respuesta a la sociedad y esa es la más díficil”.

No se le escapa a Barragán que “tal y como están las cosas, la gente no hace una distinción entre un imputado y un condenado, o entre un procesamiento abierto o la apertura de juicio oral, por lo que cualquier cosa que aparezca se toma como que todos los polílticos son iguales”.

En todo caso, no aprecia en los hechos por los que se imputa a Clavijo lo que se entiende por “corrupción, donde alguien se haya apropiado de dinero u  otros delitos muy reprochables por la sociedad”, por lo que insistió en que para apartar a un político de una candidatura “hay que diferenciar los tipos de delito”.

En el caso de Clavijo, el juez César Romero Pamparacuatro  imputa a Clavijo por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y  malversación de fondos. Tras las escuchas praticadas durante dos años, el juez deduce que el alcalde pudo mediar para que Urbaser contratara a una persona.

También ve indicios de fraude en las subvenciones a los afectados de Las Chumberas al dar ayudas a dos personas, también imputadas, que no cumplían los requisitos económicos: Ricardo González -contratado luego como personal de confianza del Ayuntamiento y candidato en lista de CC-CCN en 2011 y la edil de Cultura María José Castañeda, para la que el juez apunta que la entonces edil de Servicios Sociales, Blanca Pérez y el alcalde, crearon una línea de subvenciones sin tope de renta, de modo que pudiera disfrutar de la subvención para su realojo; en ninguno de ambos casos se justific con informes técnicos la necesidad de desalojar las respectivas viviendas.

Un tercer hecho se refiere a presunta intervención del regidor municipal para que se levantaran denuncias contra locales de ocio del Cuadrilátero propiedad de un empresario imputado también en la causa principal. E igualmente entiende el magistrado que Clavijo pudo propiciar que se diera una licencia de apertura a una cafetería pese a que incumplía normativa técnica.

La falta de escáner, “una excusa”

Por otra parte, Barragán tachó de “excusa” que el juez atribuya a la falta de un escáner la dilación en dictar este auto de imputación, al no haber podido escanear el sumario y poder así levantar el secreto. El juez dedica  7 de las 17 páginas del auto a justificar el retraso de más de dos años en este procedimiento “pura y simplemente porque la Dirección General de Relaciones con la  Administración de Justicia del Gobierno de Canarias no accedió, a pesar de los numerosos requerimientos y por razones no explicitadas, a dotar a este Juzgado de los medios que se consideran básicos en el siglo XXI para desarrollar la labor jurisdiccional”.

Muestra por el ello el magistrado su enfado con este hecho, “salvo que se considere que lo medios materiales que ha de disponer un Juzgado para investigar delitos de corrupcion y de otros de especial complejdidad con grave daño al bien público no merezcan o sean acreedores del importe o valor de un aparato que desde hace muchos años es de uso común incluso en la informática doméstica”.