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CASO APARCAMIENTO DE LAS TERESITAS >

Bermúdez ordena derribar la parte del mamotreto en dominio público

   
Mamotreto Las Teresitas
La superficie a demoler es de 400 metros cuadrados
La demolición parcial, tal y como refleja el Ayuntamiento que se va a realizar, afecta a la parte del inmueble que ocupa la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, una superficie que, según se recoge en el fallo judicial, tiene una extensión de 400 metros cuadrados. Concretamente, ocupa de 6,5 a 7 metros cuadrados de fondo y 60 metros cuadrados de frente, lo que hace la superficie total mencionada. Tal y como se ve en la imagen, la parte que habría que derribar coincide con la franja frontal del mamotreto hacia la playa, dejando en pie la mayor parte del edificio de aparcamientos a medio terminar. / DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado orden a los técnicos municipales de que preparen el expediente para proceder a la demolición parcial del edificio de aparcamientos inacabado que se alza a la entrada de Las Teresitas, dando cumplimiento así a la sentencia de la Audiencia Provincial que se conoció el miércoles sobre el caso mamotreto. El alcalde confirma así lo que apuntaba el citado fallo, en el que además de confirmar las penas de cárcel a los condenados, se ordena el derribo del edificio pero abriendo la puerta a que, la parte que está fuera del dominio público, pueda legalizarse si el Ayuntamiento así lo justifica. “He dado instrucciones para que se ejecute la parte que el Ayuntamiento tiene que cumplir, que es demoler parcialmente”, detalló el alcalde. De esta forma el Ayuntamiento va a estudiar la posibilidad que abre la Audiencia para conocer el destino del edificio que no está en cuestión, “también he dado instrucciones para que se determine cuánto de esa obra se puede legalizar y me refiero a cómo quedaría físicamente si se tira una parte, con la idea de saber si a esta Corporación le interesa terminarlo con los usos que tenía o con otros”.

En este punto el alcalde insistió en que estos últimos informes pueden determinar que no es posible tirar una parte sin afectar al resto o que pueda dársele otro uso, “como un centro de mayores, una piscina cubierta o locales para el barrio”. “No lo sé”, insistió, “no doy nada por supuesto y serán los técnicos los que me tendrán que dar el abanico de posibilidades que hay”.

A pesar de estas instrucciones, Bermúdez quiso dejar claro que para él “no es una prioridad gastar dinero en aquello que no es prioritario para la ciudad”. En cuanto a la ejecución del proyecto de derribo, “lo haremos como lo dice la justicia, demoliendo y pasando la factura a las personas condenadas”, añadió.

Bermúdez repitió hasta la saciedad que habrá que ver si la parte que queda en pie “queremos legalizarla o no”, porque, “prefiero -dijo- gastar el dinero en otras cosas más necesarias, incluso para San Andrés”.

Barranco del Cercado
Lo que sí es prioritario para el Ayuntamiento es el encauzamiento del barranco del Cercado en San Andrés, proyecto en el que el mamotreto también es parte importante, tanto si se mantiene en pie como si desaparece. “El Consejo Insular de Aguas (CIA) está estudiando la solución y cuando nos ponga sobre la mesa la definitiva ya veremos cómo encaja”, señaló el alcalde. Detalló que en esta obra, encauzar el barranco pasa por ensanchar el cauce por donde pasan los coches, “bordeando el edificio”, lo que implica dar una solución al paso de la vía y subir el puente, “en función de esa subida, la vía tiene que continuar, así que vamos a esperar que solución que nos da el CIA”.

Derribo
Los grupos de la oposición coinciden en valorar la sentencia y definirla como “ejemplar” contra la corrupción, abogando todos por el derribo inmediato del mamotreto. También coincidieron al afirmar que esperan que el Ayuntamiento no se agarre a la puerta abierta por la sentencia para legalizar el edificio. José Manuel Corrales (XTF) explicó en rueda de prensa, que la sentencia es clara, “hay que derribar”, y estimó que tirar una parte sin afectar al resto “es imposible”, así como que es casi imposible legalizar la parte fuera de dominio público. Guillermo Guigou (Ciudadanos) se expresó en los mismos términos, asegurando que es muy difícil de justificar legalmente la excepción recogida en la sentencia. Desde el PP, Ana Zurita, abogó por el derribo, coincidiendo con el alcalde en que lo prioritario es encauzar el barranco de San Andrés.

Así se puede paralizar la ejecución de la sentencia

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a cuenta del llamado mamotreto, un edificio a medio construir en la entrada de la capitalina playa de Las Teresitas, aún no es firme, dado que las partes presentes en el conflicto pueden frenar su ejecución por distintas vías. Tal y como explica uno de los abogados presentes en el proceso, el letrado tinerfeño Alfonso Delgado, contra esta sentencia cabe interponer incidente de nulidad por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, en caso de que así se apreciara con respecto al procedimiento llevado a cabo en la segunda instancia, es decir, en la propia Audiencia.

Tal y como ha dejado claro el Tribunal Constitucional, este incidente de nulidad sería resuelto por la propia Audiencia. Por contra, si se entiende que se produjo en la primera instancia, debe sustanciarse en un recurso de amparo ante el propio Constitucional. Ello implicaría que la sentencia ya sería firme, pero lo normal en estos casos es solicitar igualmente al Alto Tribunal un aplazamiento cautelar de la ejecución de la sentencia ante la posibilidad de que la misma implicase daños irreparables.

Considerando que en este caso hay condenados a un año de prisión, lo normal es que se aceptasen tales medidas cautelares, dado que para cuando el Constitucional resolviera sobre el fondo del asunto, ese periodo de tiempo ya habría transcurrido.

Tanto en un caso como en otro, la ejecución de la sentencia se retrasaría, y más teniendo en cuenta que uno de los abogados de este proceso, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, ya alertó en sus conclusiones ante la primera instancia que su intención era llegar hasta el Constitucional. La participación de Hernández durante este proceso no ha pasado precisamente inadvertida, ya que mantuvo silencio durante el juicio en primera instancia al entender que la defensa de sus patrocinados se debía sustanciar precisamente en el Tribunal Constitucional, a la par que en sus conclusiones señaló una disparidad de criterios entre la Fiscalía tinerfeña y la de Las Palmas. Su recurso ha sido enviado al Comité Disciplinario del Colegio de Abogados.