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El dardo >

El certificado – Por Leopoldo Fernández

   

El certificado de residencia se sigue exigiendo por, al menos, algunas compañías aéreas en contra de lo anunciado a bombo y platillo por la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien hace tres  semanas anticipó su desaparición a partir del primero de noviembre. No hablo de oídas; lo he podido comprobar por mí mismo tras viajar hace unos días a Gran Canaria. “Tenemos instrucciones de pedir el certificado”, me dijo una amable empleada de Binter. No se trata de una cuestión menor sin importancia: seguimos igual que hace dos años y tres meses, cuando entró en vigor la obligación de mostrar dicho certificado para poder viajar entre islas o a territorio peninsular español y acogerse al descuento del 50% en el precio del billete. La explicación oficial que entonces se ofreció a los ciudadanos me pareció verosímil. Hay mucho fraude debido a falsos empadronamientos o a una utilización tramposa del certificado, se nos vino a decir para  justificar la exigencia del certificado. Han pasado las semanas, los meses, incluso dos años, y no ha habido ninguna aclaración ni evaluación del presunto fraude, con lo que persisten las dudas acerca de una medida que cada día que pasa parece más desproporcionada, injusta e incluso vejatoria para cuantos vivimos en esta tierra. Por lo visto, la informática no casa con los intereses del Ministerio de Fomento. Resulta puro sarcasmo en tiempos de conexiones instantáneas y garantías digitales la exigencia de un certificado de papel. Más aún cuando hace unos meses se vertieron incontables elogios hacia el Sistema de Acreditación de Residencia Automático, al que -lo dijo el ministerio- obligatoriamente deben acogerse agencias de viaje y compañías aéreas y marítimas. A juzgar por los hechos, se diría que algo no funciona o estamos ante un bluf.¿Cómo es posible que los únicos documentos reconocidos para acreditar identidad y residencia, el DNI o el pasaporte, carezcan de valor real para un ministerio o para compañías aéreas y marítimas? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando los canarios las consecuencias de los abusos, arbitrariedades e ineptitudes de algunas autoridades nacionales? ¿No son ya suficientes los reiterados perjuicios sufridos por no pocos ciudadanos que se sienten justamente maltratados, discriminados y engañados?