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La consulta – Por Leopoldo Fernández

   

Pasó lo previsto, incluso por el Gobierno canario. Por unanimidad de sus miembros, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la consulta que el Ejecutivo autonómico anunció para el 23 de noviembre sobre las prospecciones petrolíferas con una pregunta no directa sino amañada y capciosa. Digo anunció porque no pasó de ahí, de proclamar una intención, de amagar, de insinuar. Todo ha sido una martingala, puro embaucamiento, un artificio descarado, una mentira disfrazada. ¿Cómo se va a celebrar un referéndum si no había ni campaña electoral, ni censo de votantes, ni lugares para acudir a depositar el voto, ni urnas en las que introducir la papeleta, ni responsable independiente para controlar el proceso, ni autoridad judicial dispuesta a resolver en última instancia las posibles discrepancias o reclamaciones? Todo era mero voluntarismo, pura mascarada inadmisible en un Gobierno serio y riguroso. No se puede hablar de referéndum sin los antedichos condicionantes propios de cualquier plebiscito para el que se pretenda un mínimo de rigor. Aparte la propia ilegalidad de la consulta, de la que el Gobierno era y es buen conocedor, tanto dislate junto -dislate es saltarse las normas más elementales del juego democrático- va a pasar a los anales de la historia como el mayor esperpento que puede montarse desde el corazón mismo del poder establecido. Lejos de rectificar, los voceros gubernamentales consideran aún posible la suspensión cautelar de unas prospecciones que gozan de todo el respaldo legal, en Madrid y en Bruselas. Resulta electoralmente más rentable meter miedo, hablar de agresión, de conducta antidemocrática, de que no se quiere dejar hablar a los canarios, etc. con tal de no reconocer que la consulta era y es una aventura legalmente imposible. Cuando el TC entre, dentro de cinco meses, en el fondo del asunto, seguro que ratifica los argumentos del Gobierno de Rajoy, aunque -lo digo por enésima vez- haya actuado muy mal, sin sensibilidad ni respeto hacia las autoridades isleñas. Ni el gravamen que se establezca, para beneficio de Canarias, sobre el crudo potencialmente extraíble, ni una petición de perdón tan al uso pueden paliar la pésima gestión de este asunto, en el que faltan dimisiones en Madrid, pero sobre todo aquí.