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Corrupción y votos – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

La dinámica política española de los últimos tiempos se ha vuelto implacable y no nos concede respiro. Cuando no es una nueva ilegalidad del Gobierno catalán es un nuevo caso de corrupción en nuestra clase política, y cuando no, un episodio del siempre indeseable protagonismo judicial. Porque la política española está judicializada y anda en manos de jueces y fiscales, no en todas las ocasiones tan lejos de la política como sería de desear. Esta semana toca la forzada dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad, a consecuencia de un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que cierra la fase de instrucción sobre la primera época del llamado caso Gürtel. Este juez hace públicos sus autos los viernes por la tarde, pero, en esta ocasión, dio la casualidad de que lo publicó el miércoles por la tarde, justo en vísperas del Pleno del Congreso de los Diputados en el que se iban a debatir las propuestas de regeneración democrática del Gobierno, de medidas de lucha contra la corrupción, un paquete de setenta y una medidas que el Partido Socialista finalmente se negó a pactar con Rajoy por considerarlo un interlocutor no legitimado para hacerlo. Después del auto, era impensable un Pleno semejante con Ana Mato en el banco azul, y la ministra se vio obligada a dimitir. Sobre las cuatro de la tarde de ese día, en el ministerio se preparaba un comunicado en el que la ministra recordaba que no estaba imputada en el auto y manifestaba que se encontraba tranquila porque no había cometido ningún delito, por lo que se negaba a dimitir. Sin embargo, después de una reunión de dos horas con el presidente del Gobierno, su discurso cambió radicalmente, y en un nuevo comunicado anunció que había presentado su dimisión “para no perjudicar a su partido”, aunque subrayando que la decisión la había tomado de forma personal y “pese a no estar imputada”. Al parecer, quiere conservar su escaño en el Congreso, mientras la oposición reclama unánimemente que renuncie. Y es evidente que su permanencia es injustificable e incoherente, porque, si no puede ser ministra, mucho menos puede ser representante del pueblo español. De modo que Ana Mato debe ir pensando en decir adiós a la política y seguir los pasos de Ruiz-Gallardón. Hay que reconocer que Rajoy no estuvo especialmente acertado cuando hace tres años eligió a sus ministros.
El voluminoso auto del juez Ruz considera a Ana Mato partícipe a título lucrativo en los presuntos delitos cometidos por su ex marido, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón. Al mismo tiempo, archiva la causa que se seguía contra el ex secretario general del Partido Popular Ángel Acebes. El auto estima que la ya ex ministra pudo haber “disfrutado” o haberse “beneficiado, sola o en compañía” del producto de los presuntos delitos de su ex marido. Quiere decir que Ana Mato pudo lucrarse, disfrutar o beneficiarse, de unas cantidades obtenidas ilegítimamente por Jesús Sepúlveda en la trama Gürtel, aunque sin conocer el origen ilícito de ese dinero. En definitiva, el auto no la imputa penalmente, sino que la hace responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo por una cantidad algo superior a los cincuenta mil euros, que tendría que devolver. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que comparte el criterio del juez.
Hasta aquí el auto. Ahora bien, se impone añadir la lógica suspicacia ciudadana ante esta versión de los hechos. Está claro que cada relación conyugal es diferente y tiene características propias, pero se hace difícil de aceptar que Ana Mato no se cuestionara en alguna ocasión el origen de las cuantiosas cantidades que su marido aportaba al matrimonio, que no se preguntara nunca de dónde procedía la financiación de tantos regalos, viajes, fiestas, coches de altísima gama y demás. Es la misma suspicacia ciudadana que despierta la ignorancia de la infanta Cristina sobre el origen de los millones de euros que su marido traía a casa, a través de una sociedad, además, de la que era propietaria al cincuenta por ciento. Por el contrario, sectores feministas han criticado el auto, lamentando que Ana Mato tenga que pagar por los presuntos delitos de su marido.
Mientras tanto, la última encuesta de intención de voto, a un año de las elecciones generales, una de Sigma Dos para El Mundo, sitúa a Podemos en primer lugar con un 28,3% de los votos, cuatro veces más que los obtenidos en las pasadas elecciones europeas, por delante del 26,3% del Partido Popular y del 20% del PSOE, que, como era de esperar, pierde la batalla de la izquierda pese al radicalismo impostado de su actual líder. Peor librada queda Izquierda Unida, mientras UPyD se estanca, cada vez más lastrada por el autoritarismo inmovilista de Rosa Díez. Pablo Iglesias y el secretario general socialista son los líderes mejor valorados. Las encuestas tienen el valor que tienen, por supuesto, y más a un año vista, pero, con estos resultados, Rajoy solo podría gobernar en una gran coalición a la alemana con los socialistas. La otra opción sería un Gobierno de Podemos con apoyo socialista, un abrazo mortal que podría ser el principio del fin del PSOE. Por su parte, Izquierda Unida se contentaría con que Podemos no se apropiase de su estructura territorial y Rosa Díez con seguir expulsando gente de su partido.